El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, un paso fundamental en la modernización del sistema judicial español que ahora avanza hacia la aprobación definitiva en el Senado. Esta nueva legislación se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, comprometiéndose a ser un pilar esencial en una transformación de la Justicia como no se había visto en décadas.
La ley viene acompañada por la Ley Orgánica del derecho a la Defensa, publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado, así como por varios Reales Decretos-ley que han fomentado la digitalización dentro del sistema judicial. Además, sigue a la plena normalización del Poder Judicial tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial el pasado mes de junio.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, destacó durante el pleno la importancia del consenso logrado para la aprobación de esta norma y agradeció el esfuerzo conjunto de los técnicos ministeriales y los grupos parlamentarios.
La nueva legislación incorpora una reorganización significativa en el ámbito judicial, introduciendo los Tribunales de Instancia. Estos órganos, que consolidan los juzgados unipersonales y los jueces de primera instancia, permitirán una gestión más eficiente y especializada de los recursos, facilitando la distribución del trabajo y compartición de recursos. Esto se traduce en la transformación de 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales, que además integrarán secciones especializadas para mejorar la especialización y unificación de criterios.
También se crearán Oficinas de Justicia en los Municipios, que facilitarán el acceso a los servicios judiciales a través de medios telemáticos, eliminando la necesidad de desplazamientos por parte de los ciudadanos.
La normativa propone asimismo una reforma procesal que se enfoca en los mecanismos alternativos de solución de controversias, conocidos como MASC, aplicables en los ámbitos civil y mercantil. El propósito es aliviar la carga de los juzgados mediante la resolución de conflictos fuera de los tribunales, promoviendo una justicia más ágil y accesible.
Finalmente, la ley establecerá reformas para acelerar y modernizar los procedimientos judiciales, con impacto en la subasta judicial electrónica, así como en la actualización de normativas procesales esenciales para adaptarse a la nueva organización judicial.
Esta reforma apunta a transformar profundamente el sistema judicial español, optimizando recursos, facilitando el acceso a la justicia y modernizando procesos para enfrentar los desafíos contemporáneos con una infraestructura adecuada y eficiente.
vía: Plan de Recuperación Gobierno de España
