El cambio climático sigue siendo una de las crisis más apremiantes del siglo XXI, y su impacto va más allá del ámbito ambiental. Recientemente, se ha puesto de manifiesto que esta problemática no solo representa un colapso ecológico, sino que también constituye una grave violación de los derechos humanos. Este mensaje fue enfatizado por Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien, en una intervención en Ginebra, cuestionó si se están tomando las medidas adecuadas para proteger a las personas del caos climático y para gestionar los recursos naturales de forma que se respeten tanto los derechos humanos como el medio ambiente.
Turk fue claro y contundente al afirmar que la respuesta a esa pregunta es un rotundo «no». El avance del cambio climático afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, lo que resalta la necesidad de un enfoque más integrado donde se considere la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. La profesora Joyeeta Gupta, copresidenta de la Comisión de la Tierra y representante de las Naciones Unidas en temas de sostenibilidad, subrayó que los efectos del cambio climático deben ser entendidos como una violación de derechos fundamentales.
Uno de los aspectos más preocupantes es el aumento del nivel del mar, que amenaza la existencia de pequeños Estados insulares. Gupta advirtió que estos territorios no solo enfrentan la intrusión de agua salada y tormentas extremas, sino que, de no tomarse medidas adecuadas, podrían desaparecer por completo. Ella sostiene que el límite de 1,5 °C acordado en el Acuerdo de París ya es un objetivo demasiado optimista, al considerar que los pequeños Estados insulares ven esa cifra más cerca de los 2 °C, el umbral crítico para su supervivencia.
El desplazamiento es otra de las manifestaciones más palpables de la injusticia climática. Mucha gente se ve forzada a abandonar sus hogares a medida que las condiciones se vuelven inhabitables. Actualmente, la mayoría de estos desplazamientos se producen dentro de las fronteras de un país o región. Las dificultades de escasa adaptación y la falta de reconocimiento legal para estos «refugiados climáticos» complican aún más la situación.
La salud del planeta se ha convertido en una cuestión de responsabilidad colectiva; así lo señala Gupta, quien argumenta que todos los derechos básicos, desde el acceso al agua hasta la energía, están interrelacionados y requieren atención urgente. Las sociedades ricas deben reducir sus emisiones a un ritmo más agresivo, no solo por el bien del medio ambiente, sino también para permitir que los demás puedan ejercer sus derechos. Al ignorar estos aspectos, la desigualdad se convierte en injusticia.
Uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de justicia climática radica en la fragmentación del marco jurídico internacional, que dificulta la invocación de derechos humanos en relación con los efectos del clima. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia ha comenzado a cambiar esta narrativa al indicar que el cambio climático debe afrontarse no solo desde una perspectiva ambiental, sino también en relación con los derechos humanos.
La profesora Gupta aboga por reconocer el derecho colectivo a un clima estable, destacando que la estabilidad climática es esencial para la agricultura, el agua y muchos otros aspectos vitales de la vida cotidiana. Sin ella, se erosiona la base sobre la cual se construyen los derechos humanos fundamentales.
En su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk subrayó que, a pesar de que el cambio climático erosiona los derechos fundamentales, también presenta una oportunidad para avanzar en una transición justa hacia un sistema que no reproduzca las injusticias existentes. Sin embargo, la voluntad política para actuar sigue siendo un impedimento crítico. Mientras las potencias globales continúan expandiendo sus capacidades en combustibles fósiles, la profesora Gupta advierte que este enfoque no resolverá la crisis climática, que es un problema de bien público que exige cooperación y acción decidida por parte de todos los Estados.
Fuente: ONU noticias Salud
