Del 2 al 13 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acogió audiencias públicas en las que un total de 96 países y 11 organizaciones regionales expusieron sus posiciones respecto al cambio climático. Estas audiencias se realizaron en respuesta a una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, el pasado 29 de marzo, pidió una opinión consultiva para aclarar las obligaciones de los Estados en esta materia bajo el marco del derecho internacional.
La CIJ se centrará en dos cuestiones clave: la primera indaga en las obligaciones que tienen los Estados para proteger el sistema climático y el medio ambiente en su conjunto, asegurando la sostenibilidad para generaciones presentes y futuras; la segunda contempla las posibles consecuencias jurídicas que enfrentarían los Estados que, por sus actos u omisiones, causen daños significativos a dichos sistemas.
El proceso fue iniciado por Vanuatu, un país que ha tomado la delantera en la defensa de un marco jurídico que aborde la crisis climática de manera efectiva. Durante las sesiones, el enviado especial de Vanuatu para el cambio climático, Ralph Regenvanu, expresó su frustración ante los recientes resultados de la COP29, celebrada en Bakú, donde, según sus palabras, se evidenció un “fracaso del proceso” al no alcanzarse acuerdos significativos para la reducción de emisiones que alcanzaron niveles récord en 2023.
El fiscal general de Vanuatu, Arnold Kiel Loughman, subrayó que el incumplimiento de las obligaciones por parte de ciertos Estados emisores representa un hecho ilícito a nivel internacional, cuestionando la legalidad de conductas que llevan a la humanidad al borde del colapso ambiental.
La Alianza de Pequeños Estados Insulares también hizo hincapié en la necesidad de que el derecho internacional se adapte a la crisis climática, destacando cómo los pequeños Estados insulares sufren desproporcionadamente los efectos del cambio climático. Solicitaron a la CIJ que reconozca el deber de cooperación en el derecho ambiental internacional, así como el principio de «continuidad del Estado», para garantizar la existencia de naciones incluso si su territorio se ve comprometido por el aumento del nivel del mar.
Por su parte, el enviado especial de Brasil, país que acogerá la COP30 en 2025, expresó la urgencia de la situación climática que enfrenta el país, que incluye desde sequías severas hasta inundaciones masivas. Destacó la ambiciosa meta de reducción de emisiones que Brasil ha propuesto, alineada con sus capacidades de desarrollo y su historia de emisiones.
La postura de China durante las audiencias también fue clara: el país aboga por la preservación del marco normativo existente y los acuerdos internacionales que ya han sido establecidos. Desde Estados Unidos, su representante afirmó que la crisis climática es uno de los desafíos más serios para la humanidad, pero indicó que los acuerdos no son jurídicamente vinculantes y criticó las nociones de responsabilidad diferenciada, argumentando su falta de fundamentación en el derecho internacional.
Las posturas y argumentos presentados por estos países ponen de manifiesto la complejidad del debate sobre responsabilidad climática y la búsqueda de un compromiso global efectivo para combatir el cambio climático, mientras la comunidad internacional espera la opinión de la CIJ que podría sentar un precedente importante en la legislación ambiental global.
Fuente: ONU últimas noticias
