La abolición de la pena de muerte ha sido una tendencia creciente a nivel mundial durante los últimos años, sin embargo, durante 2025 se observó un alarmante incremento en el número de ejecuciones, impulsado en gran medida por la aplicación del castigo capital en países que aún conservan esta práctica en sus legislaciones. Esta situación ha generado preocupación a nivel internacional, especialmente por la naturaleza de algunas condenas que no se ajustan a los estándares requeridos por el derecho internacional.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su inquietud ante este panorama tras denunciar el uso de la pena de muerte en delitos que no cumplen con el umbral de gravedad. Entre sus declaraciones, destacó el hecho de que continúan ejecutándose personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, lo que refleja un grave desconocimiento de los derechos infantiles.
Türk subrayó que uno de los factores determinantes en el aumento de las ejecuciones es el creciente número de penas capitales impuestas por delitos relacionados con drogas, los cuales, según el mandato de la ONU, no implican asesinato premeditado. Este tipo de sentencias no solo contraviene el derecho internacional, sino que también ha mostrado ser ineficaz para prevenir el crimen. Las cifras del organismo indican que en Irán se llevaron a cabo al menos 1500 ejecuciones en 2025, de las cuales el 47% correspondió a delitos relacionados con drogas. Türk destacó que este uso sistemático de la pena de muerte se ha tornado una herramienta de intimidación del Estado, afectando desproporcionadamente a minorías y migrantes.
En Arabia Saudita, las ejecuciones también alcanzaron niveles récord, con al menos 356 condenas, un 78% de las cuales estaban vinculadas a drogas. Las autoridades sauditas reanudaron las ejecuciones en 2022, y varios de los condenados fueron menores de edad en el momento de sus delitos, lo que plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos en el país.
La situación en Estados Unidos reveló que 47 personas fueron ejecutadas en 2025, marcando el número más alto en 16 años. La aplicación de la muerte por gas ha suscitado preocupaciones sobre su carácter cruel y torturador. En Afganistán, las ejecuciones públicas continuaron, contraviniendo claramente las normativas internacionales, mientras que en Somalia y Singapur también se registraron casos de pena capital. En China y Corea del Norte, el secretismo que rodea estas prácticas dificulta obtener cifras precisas sobre las ejecuciones.
Por otro lado, en Bielorrusia, se ha ampliado el catálogo de delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte bajo nuevas legislaciones relacionadas con la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. En el contexto del conflicto israelí-palestino, se han propuesto legislaciones en Israel que buscan extender el uso de la pena de muerte específicamente hacia palestinos, lo cual generaría graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
A pesar de este preocupante incremento en las ejecuciones, Türk también señaló avances positivos en algunos países. Vietnam ha reducido el número de delitos que pueden sancionarse con la pena de muerte y Pakistán ha abolido este castigo para dos delitos no letales, aunque lo mantiene para otros 29. Zambia también se unió a este movimiento al abolir la pena capital para delitos comunes, y Kenya inició una revisión legislativa destinada a evaluar el castigo capital.
Fuente: ONU últimas noticias
