En 2023, la Unión Europea destinó un total de 4.607.000 millones de euros a beneficios de protección social, un gasto que refleja la importancia de la asistencia social para los ciudadanos europeos. Casi la mitad de esta suma, un significativo 46,9%, se dirigió a funciones relacionadas con la vejez y los sobrevivientes, que incluyen principalmente las pensiones. La atención a la salud y la enfermedad ocupó el segundo lugar, con un 29,6% del total. Otros porcentajes incluyen un 8,7% para beneficios familiares y de niños, un 7,1% para discapacidades, y un 3,9% destinado a la asistencia por desempleo. Además, un 2,5% se asignó a combatir la exclusión social, mientras que los beneficios de vivienda recibieron apenas un 1,4%.
El gasto en protección social abarca tanto los pagos en efectivo como aquellos en especie. Estos beneficios pueden clasificarse en dos categorías: aquellos que requieren pruebas de ingresos y los que están disponibles para todos los miembros de un grupo poblacional específico. De todos los beneficios de protección social en la UE, un 64,7% se proporcionó en forma de pagos en efectivo. De estos, un 58,7% no estuvo condicionado a niveles de ingresos, mientras que un 6,0% sí lo estuvo. Los beneficios en especie representaron el 35,3% restante, con un 30,4% no sujetos a criterios de ingresos y un 4,9% que sí lo estaban.
Al examinar la distribución de beneficios en efectivo a través de los Estados miembros, se observa que Italia se sitúa a la cabeza con un 76,4%, seguida de Grecia con un 75,9% y Polonia con un 71,4%. Por el contrario, en Escandinavia se da un fenómeno opuesto; Suecia, Irlanda y Malta presentan las proporciones más bajas de beneficios en efectivo, con un 51,6%, 52,7% y 55,4% respectivamente, donde los beneficios en especie son más destacados.
Este panorama sobre el gasto en protección social va más allá de las cifras; revela cómo cada país prioriza su sistema de bienestar, y pone de manifiesto las desigualdades y las particularidades de cada sistema nacional en la búsqueda de ofrecer una red de seguridad a sus ciudadanos. Las distintas tendencias en la asignación de recursos reflejan no solo la situación económica de cada Estado, sino también sus valores y prioridades sociales.
