El Parlamento del Reino Unido se reunió a principios de esta semana para debatir una petición firmada por casi 2.9 millones de personas que pide el fin de los planes del gobierno para implementar una identificación digital nacional. En el marco de este debate, la Electronic Frontier Foundation (EFF) y otras 12 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a los políticos del país instando a los miembros del Parlamento a rechazar la nueva propuesta de identificación digital presentada por el gobierno laborista.
El Primer Ministro británico, Keir Starmer, presentó el esquema como una solución para «eliminar complicaciones» en la verificación de identidades, proponiendo la creación de una identificación virtual en dispositivos personales que incluiría información como nombres, fechas de nacimiento, nacionalidad, fotos y estatus de residencia para validar el derecho a vivir y trabajar en el país.
Sin embargo, muchos cuestionan la validez de la necesidad de una identificación digital. En un informe conjunto, las organizaciones señalaron que esta propuesta se enmarca en una tendencia global preocupante: el surgimiento de sistemas de identidad digital amplios que son incompatibles con una democracia que respeta los derechos individuales. El plan del Reino Unido ha despertado seis preocupaciones interconectadas: la expansión de las funciones, las infracciones a los derechos de privacidad, riesgos de seguridad graves, la dependencia de tecnologías inexactas y no probadas, discriminación y exclusión, y el aumento de los desequilibrios de poder entre el estado y la ciudadanía.
Se advierte que los esquemas de identificación digital no solo verifican la identidad de las personas, sino que redefinen quién puede acceder a servicios y cómo esos servicios se estructuran. Se convierten en un filtro que controla el acceso a infraestructuras sociales esenciales, permitiendo a los gobiernos cerrar puertas con tanta facilidad como las abren. Este tipo de sistemas pueden perjudicar de manera desproporcionada a quienes ya están en los márgenes de la sociedad, como personas que buscan asilo y comunidades indocumentadas, que enfrentan una vigilancia y un riesgo elevados.
Incluso las recomendaciones de protección más sólidas no pueden abordar el problema principal: un esquema de identificación digital obligatorio que transfiere el poder de los individuos al estado. No se debería coaccionar a nadie, ya sea técnica o socialmente, para que participe en un sistema digital con el fin de tener una participación plena en la vida pública. En un momento en que casi 3 millones de personas en el Reino Unido han instado a los políticos a rechazar esta propuesta, el gobierno debe escuchar a la población y decir no a la identificación digital.
Fuente: EFF.org
