La tecnología de lectura automática de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) se ha convertido en una herramienta de vigilancia popular utilizada por diversas agencias policiales en Estados Unidos. Esta tecnología permite a las autoridades rastrear los movimientos de los individuos a través de la recopilación de datos de matrículas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos. Recientemente, un caso en Virginia ha llevado a la Electronic Frontier Foundation (EFF), la Unión Americana de Libertades Civiles de Virginia (ACLU) y la Asociación Nacional de Defensores Criminales (NACDL) a solicitar al Tribunal de Apelaciones de ese estado que exija a los cuerpos policiales obtener una orden judicial antes de acceder a los datos de ALPR.
En el caso ‘Commonwealth v. Church’, un oficial de policía de Norfolk accedió a datos de matrículas sin una orden. El propósito de la búsqueda no era demostrar la presencia del acusado en la escena del crimen, sino simplemente tratar de establecer que tenía una “mente culpable”. La corte inferior ya había declarado que esta búsqueda violó la Cuarta Enmienda, suprimiendo así la evidencia obtenida a partir de los datos de ALPR.
Los datos recopilados por esta tecnología incluyen fotografías de matrículas, información sobre la marca y modelo del vehículo, y detalles precisos sobre la hora y lugar en que se registró la matrícula. Una vez que se registra un automóvil, esta información se almacena en la nube y se vuelve accesible para agencias policiales a todos los niveles, lo que crea un sistema de seguimiento casi en tiempo real que puede rastrear a las personas a lo largo de grandes distancias.
A pesar de la creencia común de que los ALPR se utilizan únicamente para seguir a criminales sospechosos, en realidad, se aplican indiscriminadamente. Un estudio realizado sobre 173 agencias de policía en todo el país reveló que el 99.5% de las matrículas escaneadas pertenecían a personas sin ninguna relación con actividades delictivas. En el condado de Norfolk, donde operan más de 170 cámaras ALPR, se estima que es difícil conducir cualquier distancia sin ser grabado.
Las implicaciones que esta tecnología tiene para la privacidad son alarmantes. Se ha utilizado para facilitar redadas de inmigración y para rastrear a individuos que buscan atención relacionada con el aborto. También permite la identificación de relaciones entre personas que pueden estar viajando juntas en diferentes vehículos, lo que intensifica las preocupaciones sobre una vigilancia aún más agresiva.
Por estas razones, la exigencia de una orden judicial para acceder a los datos de ALPR es crucial. De acuerdo con fallos recientes, el seguimiento prolongado de los movimientos públicos constituye una invasión a las expectativas razonables de privacidad. La corte de apelaciones de Virginia tiene la oportunidad de establecer límites claros sobre la vigilancia sin orden, enfatizando que la Cuarta Enmienda ya establece que se necesita una orden.
Fuente: EFF.org
