En un movimiento que ha generado un gran debate sobre la privacidad y la seguridad de los datos, la Electronic Frontier Foundation (EFF), junto a una coalición de defensores de la privacidad liderada por Lex Lumina, presentó hoy una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El objetivo de la demanda es detener la divulgación de información privada y sensible de millones de estadounidenses por parte de la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. (OPM) al «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE) de Elon Musk.
La demanda fue presentada en nombre de dos sindicatos de trabajadores y varios empleados actuales y anteriores del gobierno. Además de solicitar que se detenga cualquier divulgación futura de datos, también se exige que se elimine cualquier información que haya sido compartida con DOGE hasta la fecha. Se argumenta que la OPM y su director interino, Charles Ezell, han violado la Ley de Privacidad de 1974 al ceder registros de personal a esta nueva entidad.
El expediente legal también contiene testimonios de representantes de los sindicatos implicados, como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Asociación de Jueces Administrativos, entre otros. Vanessa Barrow, empleada del Centro Médico de Veteranos de Brooklyn, y George Jones, presidente de AFGE Local 2094, figuran como demandantes individuales. Se ha señalado que OPM gestiona uno de los mayores acervos de datos sensibles en el país, que incluye información personal identificable, detalles salariales, registros de salud y datos financieros, afectando a decenas de millones de trabajadores federales, jubilados y postulantes a empleos en la administración pública.
Históricamente, la Oficina de Administración de Personal ha enfrentado críticas por violaciones a la privacidad, siendo un notable caso el de 2015, cuando una brecha de datos expuso la información personal de más de 22 millones de personas. La Ley de Privacidad de 1974 establece restricciones estrictas sobre la divulgación de registros sensibles sin el consentimiento de los afectados, con el propósito de proteger a los ciudadanos de un uso indiscriminado de sus datos por parte del gobierno.
El contenido de la queja hace hincapié en que no existe ninguna justificación legal para que DOGE acceda a estos registros, argumentando que la acción de la OPM que permite este acceso incontrolado pone en riesgo la privacidad y la seguridad de millones de estadounidenses. La EFF, que ha luchado durante más de tres décadas por los derechos de privacidad digital, ha estado involucrada en múltiples casos necesarios para defender estos principios.
Fuente: EFF.org
