La tecnología de reconocimiento facial (FRT) se enfrenta a un creciente escrutinio en el sistema judicial de Estados Unidos, especialmente después de que un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey dictaminara que los fiscales deben proporcionar información detallada sobre el funcionamiento y las limitaciones de esta tecnología en casos criminales. Esta decisión, emitida en junio de 2023, se dio en el contexto del caso State of New Jersey v. Arteaga, donde se argumentó que el acusado y el público tienen derecho a entender cómo se ha utilizado la FRT para identificar a los sospechosos.
La corte consideró que es esencial garantizar los derechos al debido proceso de los acusados, permitiéndoles analizar la fiabilidad de la tecnología que se utiliza en su contra. Este fallo subraya las crecientes preocupaciones sobre la fiabilidad de los algoritmos de reconocimiento facial, que han demostrado tasas de error significativas, especialmente en el caso de personas de color y personas trans y no binarias.
El mes pasado, organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF), el Electronic Privacy Information Center (EPIC) y la National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL) volvieron a unir fuerzas para presentar un nuevo amicus brief en el caso State of New Jersey v. Miles. Este caso se centra en el uso de la FRT para identificar a un sospechoso en una investigación criminal y se encuentra ante el Tribunal Supremo de Nueva Jersey, donde se aborda la cuestión de la transparencia en la utilización de dicha tecnología.
La revelación de información sobre el funcionamiento, la tasa de error y la fuente de software de la FRT es crucial no sólo para salvaguardar los derechos de los acusados, sino también para asegurar que las decisiones de los tribunales se basen en evidencias precisas. Las cifras indican que las búsquedas por reconocimiento facial aumentan el riesgo de errores, lo que puede llevar a arrestos injustos y perjudiciales, sobre todo para las comunidades más vulnerables.
Además, la transparencia en el uso de la FRT no solo beneficia a los acusados, sino también al público en general, que tiene derecho a examinar la tecnología que impacta los procedimientos judiciales. De acuerdo a la Constitución de Nueva Jersey y el derecho a la información, el acceso a este tipo de documentos promueve la supervisión del sistema de justicia y aumenta la confianza en los resultados judiciales.
Dado el contexto actual y las crecientes preocupaciones sobre los sesgos y errores de la FRT, la importancia de exigir rendición de cuentas se vuelve más relevante que nunca en la búsqueda de un sistema de justicia más justo y equitativo.
Fuente: EFF.org
