El gobierno federal estadounidense está utilizando datos de Medicaid para identificar y deportar a inmigrantes, lo que ha generado una fuerte respuesta de varias organizaciones de defensa de datos. La Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con EPIC y el Protect Democracy Project, han presentado un escrito de «amicus curiae» solicitando a un juez que bloquee esta violación de las leyes federales de privacidad de datos.
Según un informe reciente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. divulgó una gran cantidad de datos sensibles sobre beneficiarios de Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Medicaid es un programa federal que financia el seguro médico para las personas de bajos ingresos y es gestionado principalmente por los estados. Algunos de estos estados permiten la inscripción de no ciudadanos, lo que ha hecho que la información personal, como nombres, direcciones y estado de inmigración, se haya vuelto accesible para las autoridades migratorias.
Esta situación ha llevado a California y a 19 otros estados a demandar al HHS y al DHS, argumentando que estas agencias federales han violado múltiples leyes, incluyendo la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad. Las organizaciones defensoras de la privacidad sostienen que la divulgación de datos sensibles de Medicaid conduce a un daño severo a la privacidad de los individuos inscritos.
Recientemente, un nuevo acuerdo entre agencias permite que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceda a los datos personales de los beneficiarios de Medicaid. Este acuerdo ha sido criticado por su falta de transparencia y por los riesgos que representa para la privacidad de los ciudadanos.
Desde la década de 1970, tras escándalos como Watergate, se han implementado leyes que protegen la privacidad de datos del gobierno. La EFF ha estado activa en la defensa de estas reglas, señalando que los últimos intentos de acceder a datos privados ponen en riesgo los derechos y la confianza del público. El contexto actual reitera la necesidad de proteger la información confidencial y evitar abusos por parte de las agencias gubernamentales.
Fuente: EFF.org
