En un esfuerzo por proteger los derechos de privacidad de los viajeros, la Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, ha presentado un amicus brief ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. La organización solicita que se requiera una orden judicial para realizar búsquedas en dispositivos electrónicos en las fronteras, un argumento que ha sido sostenido por la EFF en distintas instancias judiciales y ante el Congreso durante casi una década.
El caso en cuestión, U.S. v. Kamaldoss, involucra la prosecución criminal de un individuo cuyos dispositivos, un teléfono celular y una computadora portátil, fueron sometidos a una búsqueda forense tras su llegada al aeropuerto JFK en Nueva York. Mientras que una búsqueda manual implica que un oficial fronterizo revisa el dispositivo de forma superficial, la búsqueda forense requiere conectar el dispositivo a otro equipo y utilizar software especializado para extraer y analizar datos, lo cual podría revelar información detallada sobre las actividades y comunicaciones del propietario.
En este caso, las evidencias obtenidas a través de estas búsquedas forenses llevaron a la acusación de Kamaldoss por tráfico de medicamentos recetados. El tribunal de primera instancia validó las búsquedas, argumentando que había sospechas razonables de que el acusado estaba involucrado en actividades ilegales relacionadas con la importación de drogas, justificando así la excepción de búsqueda en frontera.
Sin embargo, el número de búsquedas de dispositivos sin orden en la frontera ha aumentado considerablemente. En el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) llevó a cabo más de 41,000 búsquedas, lo que representa una invasión significativa de la privacidad de los viajeros. Históricamente, el Tribunal Supremo ha reconocido una excepción para las búsquedas en la frontera que permite realizar estas operativas sin orden judicial, justificándolas principalmente por la necesidad de interceptar contrabando y otros artículos ilícitos que intentan ingresar al país.
En su argumentación, la EFF sostiene que el estándar de pesaje utilizado en el caso Riley v. California (2014) debe aplicarse aquí. En esa ocasión, el Tribunal Supremo determinó que la búsqueda de datos en un teléfono celular tras un arresto requiere de una orden judicial, dado que estos dispositivos contienen un vasto acopio de información personal que puede revelar aspectos íntimos de la vida de los individuos, como sus creencias políticas, estado financiero y relaciones personales.
La EFF argumenta que, si bien el gobierno tiene ciertos intereses en el acceso sin restricciones a los datos digitales en la frontera, estos son débiles. Primero, sostienen que los bienes físicos, como las drogas, no pueden encontrarse dentro de los datos digitales. En segundo lugar, argumentan que ciertos contrabandos digitales no pueden ser prevenidos por medio de búsquedas sin orden debido a la naturaleza de la tecnología en la nube.
Asimismo, la organización señala que las búsquedas de dispositivos en busca de evidencia de contrabando son demasiado ajenas a la justificación original para las excepciones de búsqueda en la frontera. Si el Segundo Circuito no está predispuesto a exigir una orden para las búsquedas de dispositivos electrónicos en la frontera, la EFF aboga por que las búsquedas, ya sean manuales o forenses, se realicen solo con sospecha razonable y se limiten a la búsqueda de contrabando digital.
Finalmente, se ha mencionado que otros tribunales de distrito dentro del Segundo Circuito han requerido órdenes para realizar búsquedas en dispositivos en la frontera, lo que refuerza la posición de la EFF al buscar que este circuito sea el primero en pleno cumplimiento de los derechos de la Cuarta Enmienda de los viajeros en las fronteras.
Fuente: EFF.org
