En el marco del Día de la Justicia Social, se llevó a cabo un debate en el que diversos expertos abordaron las oportunidades para avanzar en este ámbito a través del diálogo tripartito, con un enfoque particular en las disparidades económicas y sociales que enfrentan América Latina y el Caribe. Este evento, titulado «Justicia social en el ámbito del trabajo: Un nuevo contrato social para América Latina», se centró en los desafíos contemporáneos y en la necesidad de implementar transformaciones que sean justas, duraderas y pacíficas, con el fin de promover sociedades fundamentadas en la igualdad, la solidaridad y la dignidad humana.
Antonio Palacios, vicepresidente jurídico de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, enfatizó que los diálogos y consensos tripartitos son «elementos totalmente necesarios, esenciales y determinantes» para alcanzar los objetivos de justicia social. Andrea Marchant, presidenta del directorio de ChileValora, expuso cómo estos diálogos pueden resultar en «mesas de diálogo social» en las que se toman decisiones que reflejan las necesidades de todos los sectores involucrados. Este enfoque busca dar mayor representación a los trabajadores, quienes a menudo enfrentan precariedad laboral, como en el caso de las remuneraciones justas en Chile.
Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), subrayó las «profundas disparidades económicas y sociales» y las «desigualdades estructurales» que persisten en la región. Propuso que las soluciones deben incluir políticas económicas sostenibles, así como un acceso equitativo al trabajo decente, que es crucial para lograr un desarrollo más amplio y sostenible. Moreira también indicó que la justicia social debería adaptarse a la diversidad cultural de la región, impulsando un diálogo inclusivo que valore las diferentes identidades.
En esta línea, Jérôme Poussielgue, jefe de la Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú, afirmó que «el cambio es primero mental». Hizo un llamado a los ciudadanos para que tomen conciencia de la fragilidad de los equilibrios actuales y la necesidad de integrar la sostenibilidad y una visión a largo plazo en las políticas. Según Poussielgue, sin justicia social es imposible fomentar un desarrollo económico y social estable, lo que nos lleva a la urgencia de actuar ante desafíos contemporáneos como el cambio climático y el crecimiento demográfico.
Tania Pariona, activista indígena peruana, destacó la importancia de incluir a los grupos más vulnerables en estos diálogos y en la formulación de políticas públicas. Señaló que las desigualdades que surgen de la exclusión afectan profundamente los derechos humanos y que es fundamental considerar la perspectiva de las mujeres indígenas, uno de los grupos más vulnerables, para construir sociedades interculturales y equitativas. Pariona también destacó que la violencia que enfrentan las mujeres obstaculiza su participación plena en la sociedad y, por ende, el progreso colectivo.
En conclusión, el debate dejó claro que avanzar hacia una justicia social efectiva en América Latina y el Caribe requiere un enfoque integral que contemple la diversidad cultural, el diálogo inclusivo y una participación activa de todos los grupos sociales, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. Las iniciativas y los espacios de diálogo son esenciales para construir un futuro más justo y equitativo.
Fuente: ONU últimas noticias
