Esta semana, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE. UU. avanzó con una propuesta en su proyecto de reconciliación presupuestaria que impondría una preeminencia de diez años sobre la regulación estatal de la inteligencia artificial (IA). Esto implicaría que únicamente el Congreso podría establecer salvaguardias relacionadas con la IA durante la próxima década, excluyendo la capacidad de las legislaturas estatales para legislar en este ámbito.
El rechazo a esta medida es contundente, dado que la preeminencia federal sobre leyes estatales de privacidad más robustas ya ha demostrado ser perjudicial en numerosos casos. Esta situación impediría que se aplicaran las leyes estatales existentes diseñadas para mitigar los daños emergentes que pueden derivarse del uso de la IA, además de limitar la capacidad de respuesta de los estados, que han mostrado ser más proactivos en la regulación de esta tecnología.
Este movimiento podría congelar cualquier regulación sobre el tema durante diez años, un problema considerable dado el ritmo acelerado de desarrollo en el sector tecnológico. Históricamente, el Congreso ha reaccionado de manera lenta ante los desafíos que presentan las tecnologías emergentes, a diferencia de los estados que han podido actuar más rápidamente. Como enfatizan algunos legisladores estatales en una carta abierta reciente, existe poco optimismo sobre la posibilidad de que Washington apruebe una ley comprensiva en materia de privacidad o IA.
Incluso si el Congreso no toma medidas sobre la IA en la próxima década, esta preeminencia seguiría impidiendo que los estados abordaran la cuestión. Dadas las constantes transformaciones en la industria de la IA, es difícil prever cómo será dentro de diez años. Por lo tanto, los legisladores estatales deben tener la capacidad de reaccionar ante los problemas emergentes.
Los proyectos de ley sobre IA en varios estados suelen buscar un equilibrio entre la innovación y la protección al consumidor. Aunque la EFF (Electronic Frontier Foundation) apoya algunos de estos proyectos y se opone a otros, frenar la capacidad de acción de los estados favorece desproporcionadamente a las empresas.
Detener la acción de los estados significaría detener el progreso. Las grandes empresas tecnológicas han intentado desacelerar o revertir las protecciones legales a nivel estatal, y esto se está replicando en el ámbito de la IA. Por ejemplo, Colorado aprobó un proyecto de ley sobre protecciones en IA el año pasado, que, aunque mejorable, estableció requisitos básicos para que las personas comprendieran cómo las empresas utilizan la IA en decisiones que les afectan. Sin embargo, varias empresas de IA han estado presionando para debilitar esta legislación.
Frente a esta situación, la oposición a la preeminencia del AI en la propuesta de reconciliación es clara, instando al Congreso a no avanzar en esta propuesta perjudicial.
Fuente: EFF.org
