En México, los defensores de los derechos indígenas enfrentan serias amenazas a su integridad y libertad, según un comunicado emitido este viernes por la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor. La funcionaria destacó la alarmante situación de diez activistas que han sido condenados en procesos judiciales marcados por violaciones significativas del debido proceso, denunciando detenciones arbitrarias y penas de prisión excesivamente severas.
Lawlor expresó su profunda preocupación por el hecho de que muchos de estos defensores han sido criminalizados por ejercer actividades pacíficas y legítimas en defensa de los derechos de sus comunidades. «Me alarma que hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detenciones preventivas prolongadas», comentó, al tiempo que explicó que el objetivo aparente de estos castigos es obstaculizar su labor en pro de los derechos humanos.
La experta reveló que algunos de estos activistas han sido injustamente acusados de delitos graves, como asesinato, a pesar de no estar presentes en los lugares donde se cometieron dichos actos delictivos. La suma total de las condenas de nueve de estos defensores asciende a casi 300 años de cárcel. Un caso particularmente preocupante es el de Pablo López Alavez, líder zapoteca que lleva 14 años en prisión sin haber recibido una sentencia, y cuya situación ha sido calificada como arbitraria por un grupo de trabajo de la ONU en 2017.
Lawlor destacó un patrón preocupante en el uso indebido del derecho penal contra defensores indígenas, muchos de los cuales son líderes de sus comunidades. Esta tendencia, subrayó, busca limitar su capacidad para proteger a sus poblaciones y defender los derechos humanos, especialmente en contextos relacionados con el desarrollo, la explotación de recursos naturales y la delincuencia organizada. La relatora también advirtió que la criminalización y encarcelamiento prolongado de estos defensores no solo afecta su bienestar individual, sino que tiene repercusiones negativas en sus comunidades.
Recientemente, se ha revocado la condena de David Hernández Salazar, uno de los diez activistas, un movimiento que Lawlor calificó de positivo, sugiriendo que demuestra que las acusaciones existentes son infundadas. En este contexto, hizo un llamado a las autoridades para que reviertan las sentencias de otros defensores, retiren los cargos contra López Alavez y liberen a todos ellos de inmediato. Esta solicitud se enmarca dentro de los esfuerzos de la relatora por plantear sus preocupaciones al gobierno mexicano, en un intento por garantizar un entorno más seguro para los defensores de derechos humanos en el país.
Fuente: ONU últimas noticias
