A medida que miles de venezolanos salieron a las calles para exigir transparencia en los resultados de las elecciones de julio, la represión que siguió ha sido descrita como la más severa hasta la fecha, con un papel central de la tecnología en esta represión. Desde el 28 de julio, las fuerzas de seguridad del país han llevado a cabo una intensa respuesta contra las manifestaciones, resultando en la muerte de al menos 20 personas. Los resultados anunciados por el gobierno, que confirman la reelección de Nicolás Maduro, han sido fuertemente impugnados tanto por líderes políticos dentro de Venezuela como por la Organización de Estados Americanos (OEA) y gobiernos de la región.
La oposición, representada por figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ha desafiado la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ha exigido mayor transparencia en el proceso electoral, especialmente en lo que respecta a la publicación de las actas originales, que son cruciales para validar o impugnar los resultados. Sin embargo, estas actas siguen sin ser publicadas.
Ante la carencia de datos oficiales, la coalición opositora, conocida como Comando con Venezuela, hizo públicas las actas obtenidas por testigos opositores en la noche del 29 de julio a través de un portal independiente llamado «Resultados Presidenciales 2024», accesible a cualquier usuario de internet con una cédula venezolana. En respuesta, el gobierno intensificó la represión, utilizando tecnología para controlar y vigilar a la población. La aplicación VenApp, inicialmente lanzada para reportar fallas en servicios públicos, ha sido reclutada para fomentar la delación ciudadana, creando un ambiente de vigilancia omnipresente.
Adicionalmente, informes han indicado el uso de drones en diversas regiones del país y un incremento en las detenciones y registros en aeropuertos, afectando en particular a defensores de derechos humanos y periodistas. Esta situación ha diseñado un contexto de intimidación que ha llevado a muchos a reducir su visibilidad en redes sociales y a optar por nuevas estrategias de seguridad personal, como el uso de avatares generados por inteligencia artificial para proteger sus identidades.
El efecto combinado de estas tácticas ha generado un clima en el que destaca la sensación de que es más seguro no destacar. Muchas ONG han optado por hacer menos visibles a sus miembros, han documentado violaciones de derechos humanos bajo nombres genéricos, y muchos han comenzado a enviar información sobre lo que sucede en el país a redes en el extranjero para evitar represalias.
La represión digital se vincula con tácticas fuera de línea, incluyendo la marcación de residencias de figuras opositoras, lo que agrava aún más la atmósfera de miedo. Sin embargo, esta forma de represión digital no es un fenómeno reciente; se trata de un esfuerzo sistemático que ha venido desarrollándose a lo largo de los años, tomando estrategias y aprendizajes tanto de decisiones locales como de regímenes autoritarios en otras partes del mundo.
A pesar de este contexto adverso, la sociedad civil en Venezuela continúa resistiendo. En agosto, más de 150 organizaciones y individuos, incluyendo a la Electronic Frontier Foundation (EFF), firmaron una carta abierta denunciando la violencia política facilitada por la tecnología en el país, lo que refleja un esfuerzo persistente por parte de la población para reivindicar sus derechos frente a un panorama cada vez más opresivo.
Fuente: EFF.org
