El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó este jueves una visita a Colombia, durante la cual se identificaron serias deficiencias en el manejo de casos de personas desaparecidas en el país. La delegación, que inició su misión el 21 de noviembre, se reunió con alrededor de 80 autoridades, entre ellas la ministra de Justicia y la fiscal general, así como con víctimas y organizaciones de la sociedad civil en diversas ciudades, como Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio. Además, visitaron cinco centros de detención y realizaron inspecciones en cementerios saturados de cuerpos sin identificar.
Los miembros del Comité advirtieron que las desapariciones forzadas han sido un fenómeno presente en Colombia desde la década de 1940, pero enfatizaron que no son solo un crimen del pasado, aduciendo que continúan ocurriendo a diario en variadas circunstancias. Los hallazgos preliminares revelan que la problemática afecta a un amplio espectro de la población, incluyendo niños, líderes sociales, migrantes, periodistas y excombatientes desmovilizados, entre otros. Destacan también preocupaciones sobre el reclutamiento forzado, la trata de personas y las desapariciones relacionadas con protestas sociales.
El Comité subrayó las barreras que enfrentan las familias al intentar buscar ayuda, atribuidas a un marco legal y procedimental excesivamente complejo. Una de las víctimas expresó su angustia al decir que «no sabemos a dónde acudir» y criticó la confusión generada por las autoridades en torno a los procedimientos a seguir.
La visita reveló que la falta de coordinación entre las múltiples instituciones involucradas contribuye a la ineficacia y al solapamiento de mandatos. Existe un cóctel burocrático que deja a las víctimas atrapadas en un sistema que, en lugar de facilitar la búsqueda de los desaparecidos, complica aún más la situación. Se estima que, al iniciar un proceso de búsqueda, una de estas unidades tendría que coordinarse con aproximadamente 60 entidades, lo que a menudo resulta en inacción.
El Comité instó a las autoridades a llevar a cabo medidas concretas de inmediato, haciendo hincapié en la importancia de simplificar la estructura institucional para que realmente sirva a las víctimas. Propusieron que la racionalización de mandatos y un enfoque colaborativo son pasos imprescindibles para que el sistema funcione eficazmente. También exigieron una mejora en la financiación y la asignación de personal especializado, así como un compromiso decidido para enfrentar la impunidad.
A pesar de los desafíos, la delegación reconoció el compromiso de algunos funcionarios en la lucha contra las desapariciones forzadas, determinando que ese nivel de dedicación debe convertirse en la norma en todas las instancias del gobierno. Con esto, el Comité dejó claro que las familias de los desaparecidos merecen respuestas, justicia y claridad en sus casos. Publicarán un informe completo en abril de 2025, pero ya han compartido sus hallazgos preliminares con las autoridades colombianas.
Fuente: ONU últimas noticias
