En San José, California, la Policía ha sido denunciada por violaciones de la Constitución del Estado al realizar búsquedas sin orden judicial de los registros almacenados sobre los hábitos, movimientos y asociaciones de millones de conductores. Esta acusación ha sido presentada en una demanda por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Unión Americana de Libertades Civiles de California del Norte (ACLU-NC), en un intento por poner fin a la práctica de la policía de acceder a información recogida por lectores automáticos de matrículas (ALPR).
El litigio, presentado en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, representa a la red Servicios, Derechos y Educación para Inmigrantes (SIREN) y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas de California (CAIR-CA). En el documento legal se sostiene que los agentes de policía de San José han estado obteniendo información de ubicación sin el respaldo de una orden judicial, utilizando tecnología de vigilancia invasiva. Los ALPR son cámaras controladas por computadora que capturan de forma automática imágenes de las matrículas de los vehículos, sin necesidad de sospecha de actividad delictiva.
Según la demanda, una persona que conduce regularmente a través de un área vigilada por ALPR puede ver su información de ubicación registrada múltiples veces al día. Esta información puede revelar patrones de viaje y proporcionar una descripción detallada de la vida de una persona, desde viajes al trabajo hasta visitas a lugares de culto o consultas médicas. Así, el acceso a estos datos permite a los oficiales reconstruir el recorrido de las personas sin un control adecuado.
San José ha desplegado cerca de 500 ALPRs en la ciudad, recopilando millones de registros mensuales sobre los movimientos de los ciudadanos y manteniendo estos datos durante un año. Esto permite a los oficiales de policía y a otros funcionarios de la ley acceder a la base de datos de ALPR, lo que plantea preocupaciones sobre el poder no regulado para supervisar los movimientos de los residentes y visitantes de la ciudad.
La demanda, que también nombra al alcalde de San José, Matt Mahan, y al Jefe de Policía, Paul Joseph, busca que se prohíba a la ciudad y a su fuerza policial realizar búsquedas en la base de datos de ALPR sin una orden judicial previa. Según la legislación estatal, la información de ubicación está protegida, y cualquier acceso a ella debe ser justificado ante un tribunal.
Los representantes de SIREN y CAIR resaltaron que este caso no solo se centra en la tecnología, sino en el poder y la rendición de cuentas, así como en el derecho de las personas a moverse libremente sin ser observadas. “La posibilidad de que la policía rastree cada movimiento sin causa es inquietante”, afirmó Zahra Billoo, directora ejecutiva de CAIR en el área de la Bahía de San Francisco. Por su parte, Huy Tran, director ejecutivo de SIREN, enfatizó la importancia de proteger los derechos de privacidad de los residentes, sugiriendo que el acceso a este tipo de datos debe estar sujeto a la aprobación judicial.
Ambas organizaciones esperan que el caso en los tribunales reafirme los derechos constitucionales y limite la vigilancia masiva, especialmente en una era donde las tecnologías emergentes pueden exponer aspectos íntimos de la vida de las personas.
Fuente: EFF.org
