En su informe anual publicado este martes, el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar (IIMM) ha afirmado lograr «avances importantes» en la documentación de crímenes y la identificación de responsables, incluyendo a comandantes de las fuerzas de seguridad que supervisan distintos centros de detención. Myanmar se encuentra sumido en una guerra civil desde el golpe militar de febrero de 2021, que resultó en la detención de líderes civiles como el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi. Este cambio de poder provocó protestas masivas, una violenta represión contra la disidencia y el surgimiento de un movimiento armado de resistencia nacional.
El informe detalla un catálogo de atrocidades, entre las que se incluyen quemaduras en genitales, violencia sexual y ejecuciones sumarias de combatientes capturados o civiles acusados de ser informantes. Nicholas Koumjian, jefe del mecanismo, ha declarado: «Hemos recopilado pruebas contundentes, incluidos testimonios de testigos, que demuestran tortura sistemática en los centros de detención de Myanmar. Hemos avanzado en identificar a los perpetradores y estamos listos para apoyar a cualquier jurisdicción dispuesta a enjuiciar estos crímenes.»
Este informe, que abarca desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, se basa en más de 1,300 fuentes, incluyendo cerca de 600 testimonios, así como fotografías, videos y documentación forense. También se investigan ataques aéreos que han afectado escuelas, viviendas y hospitales, algunos de los cuales ocurrieron en la zona afectada por el terremoto de marzo de 2025, mientras se llevaban a cabo labores de rescate.
Los investigadores, respaldados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, analizan la estructura de la Fuerza Aérea de Myanmar y su cadena de mando para identificar a los responsables de estos ataques. Nuevas investigaciones también se han abierto sobre atrocidades en el estado de Rakhine, donde el ejército se enfrenta al Ejército de Arakan, así como en relación con los crímenes cometidos contra los rohingya en 2016 y 2017.
Las pruebas recopiladas han sido fundamentales para respaldar procesos ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como en Argentina. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la CPI solicitó una orden de arresto contra Min Aung Hlaing, el líder militar de Myanmar, lo que llevó a un tribunal argentino a emitir órdenes contra él y 24 personas más en febrero de 2025. Koumjian ha advertido sobre un aumento en la frecuencia y brutalidad de las atrocidades en Myanmar, afirmando: «Trabajamos para que llegue el día en que los perpetradores respondan ante la justicia.»
La situación en Myanmar se ha deteriorado, con combates entre el ejército, fuerzas prodemocráticas y grupos armados que han desplazado a millones, generando una crisis humanitaria, política y económica. Además, el país aún enfrenta las secuelas de las operaciones militares de 2017 contra la comunidad rohingya, señaladas por la ONU como un caso de limpieza étnica.
Sin embargo, los investigadores también destacan que su labor se ve amenazada por la crisis de liquidez en la ONU, que ha reducido su presupuesto para 2025 a solo el 73% del monto aprobado. Esto ha llevado a la necesidad de un recorte del 20% en el personal para 2026. Para enfrentar estos desafíos, el equipo ha elaborado un Plan Estratégico trienal enfocado en fortalecer su resiliencia operativa y capacidad.
Fuente: ONU últimas noticias
