Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha solicitado al gobierno mexicano que brinde respuestas urgentes sobre el paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes desaparecieron hace tres años en el estado de Colima. Este llamado de atención coincide con el tercer aniversario de su desaparición forzada, que se produjo el 15 de enero de 2020, tras su participación en una reunión comunitaria en San Miguel de Aquila, Michoacán. En dicha reunión, se discutieron acciones colectivas en respuesta a las violaciones de derechos humanos relacionadas con las operaciones de la empresa minera Ternium, que forma parte del grupo Techint.
En un comunicado, los relatores especiales y expertos independientes de la ONU enfatizaron que las autoridades mexicanas deben cumplir con sus obligaciones internacionales, lo que incluye realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos, llevar a cabo una búsqueda activa de los desaparecidos y sancionar a los responsables. Los expertos han destacado la constante lucha de las familias de Lagunes y Díaz por la verdad y la justicia, en medio de la falta de respuestas efectivas por parte del estado, y han subrayado que el caso se encuentra bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, además de contar con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los especialistas también han advertido sobre el efecto amedrentador que las desapariciones forzadas generan en quienes defienden los derechos humanos, al señalar que estas prácticas buscan silenciar voces críticas. Por ello, instaron al gobierno mexicano a garantizar un entorno seguro para los defensores, fortaleciendo los mecanismos de protección existentes.
El comunicado también pone de relieve la responsabilidad corporativa en este contexto, señalando que las empresas involucradas en proyectos extractivos deben actuar con diligencia. Se instó a Ternium a colaborar plenamente con las investigaciones, ayudar en la recopilación de pruebas y a abordar los impactos negativos que puedan estar asociados con sus operaciones.
Finalmente, los expertos recordaron que tanto el Estado como las empresas tienen responsabilidades claras en este asunto. Por un lado, el Estado debe investigar de manera diligente, proteger a los defensores y asegurar que las empresas respeten los derechos humanos. Por otro lado, las empresas deben evitar vulnerar derechos, cooperar de buena fe en casos graves y ofrecer reparaciones adecuadas por los daños causados. Este caso se ha convertido en un símbolo de los peligros que enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente en México, y las autoridades han sido instadas a actuar con celeridad y seriedad en su resolución.
Fuente: ONU últimas noticias
