La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha presentado un informe alarmante que resalta la gravedad de la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, documentando un total de 972 asesinatos entre 2016 y 2025, lo que se traduce en un promedio de casi 100 muertes anuales. Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha calificado de «desgarrador» que el país siga siendo uno de los más peligrosos del mundo para quienes defienden estos derechos.
El informe destaca que, si bien el actual gobierno ha implementado medidas significativas para abordar esta crisis, como el reconocimiento público del problema y la inauguración de un diálogo con organizaciones de la sociedad civil, aún persisten graves deficiencias en la protección integral de los defensores. A pesar de algunas acciones preventivas y el desarrollo de una política nacional específica, las instituciones estatales continúan sin lograr revertir las tendencias de violencia y los desafíos estructurales que complican la protección efectiva de estas personas.
El documento advierte que Colombia se encuentra en un punto crítico y plantea que sin acciones contundentes para priorizar la prevención y abordar las causas estructurales de la violencia, la situación seguirá deteriorándose. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se ha observado un aumento en los asesinatos, especialmente en regiones donde anteriormente operaban las FARC-EP y donde el Estado ha encontrado dificultades para establecer una presencia firme.
Asimismo, el informe señala que hay un incremento en la violencia relacionada con intereses criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos. La población indígena ha sido impactada de manera desproporcionada; el 23% de las víctimas de asesinatos eran indígenas, a pesar de que representen apenas el 4.7% del total de la población del país. Las comunidades afrodescendientes, los líderes ambientales, así como defensores de diversas orientaciones sexuales, también han sido objeto de ataques.
En total, se registraron 2018 casos de amenazas y agresiones durante el periodo estudiado, aunque esta cifra no representa la magnitud real del problema debido a la falta de un sistema unificado para la recopilación de datos. El informe sugiere varias recomendaciones, como la consolidación de políticas públicas efectivas y la implementación de reformas institucionales para desmantelar a los principales perseguidores, así como el desarrollo de mecanismos de protección adaptados a las realidades locales.
Türk ha enfatizado que es crucial no solo garantizar la rendición de cuentas por los asesinatos, sino también abordar las causas estructurales de la violencia de manera integral. Por otro lado, el informe también menciona que los recortes presupuestales en 2025 han perjudicado gravemente la capacidad de la ONU para proteger a los defensores de derechos humanos, obligando a la Oficina a reducir significativamente sus operaciones en zonas de alto riesgo. Esto ha limitado su capacidad para monitorizar asesinatos y responder a las solicitudes urgentes de las comunidades en peligro.
Fuente: ONU últimas noticias
