Esta semana, la Electronic Frontier Foundation (EFF) se unió a EDRi y a casi 50 organizaciones de la sociedad civil para instar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a otros altos funcionarios de la UE a tomar medidas inmediatas para defender los derechos humanos en Hungría. La urgencia de este llamado se intensifica con la proximidad de la marcha del Orgullo en Budapest, la cual ha sido criminalizada por el gobierno húngaro. Además, se planea el uso de tecnología de reconocimiento facial en tiempo real para identificar a los participantes en el evento, lo que representa una clara violación de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la libre expresión y de reunión.
Desde el 15 de abril, un nuevo paquete de enmiendas ha permitido en Hungría el uso de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes en protestas ‘prohibidas’, incluidas las relacionadas con la comunidad LGBTQ+. Estas medidas conllevan severas sanciones, como multas desproporcionadas y encarcelamiento, y contravienen las disposiciones de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, que prohíbe el reconocimiento facial en tales contextos.
Las enmiendas fueron aprobadas de manera apresurada por miembros del Parlamento húngaro en marzo, sin consulta pública, y son una infracción explícita de la Ley de IA de la UE y de la Carta de Derechos Fundamentales. Ante esta situación, diversas organizaciones han instado a la Comisión Europea a implementar medidas provisionales para abordar estas violaciones de derechos fundamentales y de los valores europeos, pero hasta el momento no han recibido respuesta, lo que genera una creciente preocupación.
El ataque a la comunidad LGBTQ+ en Hungría también es un ataque a los derechos de todos los ciudadanos del país. En su carta, las organizaciones solicitan a la Comisión que se inicien procedimientos de infracción por cualquier nueva violación de la legislación de la UE, especialmente en relación con el artículo 5 de la Ley de IA, y que se adopten medidas provisionales respecto a la infracción continua de la ley anti-LGBT de 2021, que sirve de base legal para la prohibición de las concentraciones públicas relacionadas con LGBTQIA+, incluyendo la marcha del Orgullo de Budapest.
Es indiscutible que, ante la amenaza a la ley de la UE, la Comisión Europea tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los de la comunidad LGBTQ+ en Hungría y en toda la Unión. Esto implica asegurar que aquellos que organizan y participan en la marcha del Orgullo en Budapest puedan hacerlo de manera segura y pacífica. Si la Comisión no actúa con urgencia para proteger estos derechos, corre el riesgo de socavar los valores sobre los cuales se fundamenta la UE.
Fuente: EFF.org