Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Electronic Frontier Foundation (EFF), ha hecho un llamado a los Estados miembros de la ONU para que no firmen la Convención de la ONU sobre los delitos cibernéticos. En un comunicado, advierten sobre los severos daños a los derechos humanos que esta convención podría provocar, instando a los países que decidan avanzar en el proceso a que implementen medidas concretas para mitigar sus efectos negativos.
La Convención exige a los Estados establecer amplios poderes de vigilancia electrónica para investigar y colaborar en una variedad de delitos, muchos de los cuales no están relacionados con sistemas de información y comunicación. Dicha legislación permite a los gobiernos recolectar, obtener y compartir evidencias electrónicas con autoridades extranjeras para cualquier «delito grave», definido como cualquier ofensa que conlleve una pena mínima de cuatro años de prisión, sin suficientes salvaguardias de derechos humanos.
En varios países, simplemente expresar opiniones libremente, manifestar una orientación sexual o identidad de género no conformista, o protestar pacíficamente, puede ser considerado un delito grave bajo esta definición. Activistas y ciudadanos han enfrentado largas condenas de prisión, e incluso torturas, por criticar a sus gobiernos en redes sociales o por mostrar símbolos de resistencia.
En la actualidad, casi cada mensaje o llamada genera metadatos que revelan detalles sobre quién se comunica, cuándo y desde dónde, datos que a menudo cruzan fronteras en redes globales. La Convención de la ONU sobre delitos cibernéticos, tal como está redactada, podría permitir que los Estados aprovechen sus mecanismos de cooperación y acceso a datos transfronterizos, lo que representaría un riesgo significativo para la vigilancia política y la represión de críticos en el extranjero.
Con el aumento de tácticas abusivas por parte de gobiernos que buscan extender su control más allá de sus fronteras, la Convención corre el peligro de convertirse en un vehículo para la represión global, ofreciendo una infraestructura multilateral de vigilancia digital que facilita el acceso y el intercambio de datos entre naciones, complicando los esfuerzos para detectar o desafiar este tipo de monitoreo.
La EFF ha señalado de manera reiterada las preocupaciones sobre los amplios poderes de cooperación transfronteriza de la Convención y su alarmante ausencia de salvaguardias de derechos humanos. A medida que la Convención se abre para su firma el 25 y 26 de octubre de 2025 en Hanói, Vietnam, el cual ha enfrentado críticas por encarcelar a opositores y reprimir la libertad de expresión en línea, el futuro de la libertad digital a nivel global se encuentra en una encrucijada crítica.
Los defectos de la Convención no pueden ser fácilmente mitigados, ya que carece de un mecanismo que suspenda a los Estados que no respetan sistemáticamente los derechos humanos o el estado de derecho. Se hace un llamado a los países para que se nieguen a firmar o ratificar este tratado.
Fuente: EFF.org
