Las recientes modificaciones en la normativa laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que alcanzará los 1.184 euros brutos al mes en 2025, han puesto de relieve la urgencia de formalizar la contratación de cuidadoras en el ámbito doméstico. Esta situación se ha vuelto crítica para muchas familias que deben asegurarse de cumplir con las nuevas regulaciones para evitar sanciones severas.
El incumplimiento puede resultar en multas que pueden alcanzar los 12.000 euros por cada trabajadora no dada de alta. Además, las familias también serían responsables de abonar cotizaciones atrasadas, junto con los recargos que esto conlleva. En este contexto, Cuidum, especialista en asistencia domiciliaria, advierte sobre los peligros de no ajustar los procesos de contratación al marco legal vigente e invita a las familias a adoptar medidas para regularizar su situación.
El empleo en el sector de los cuidados a domicilio en España presenta un notable grado de informalidad, lo que agrava la situación. Es fundamental que incluso los contratos a tiempo parcial se formalicen, ya que esta medida no solo es una obligación, sino que protege a ambas partes involucradas.
A partir de 2025, el salario mínimo por hora para las cuidadoras será de 9,26 euros, lo que subraya la gravedad de no cumplir con esta disposición, ya que los empleadores podrían enfrentar responsabilidades legales. Por otro lado, el Gobierno ha intensificado las inspecciones laborales como parte de su estrategia para erradicar la economía sumergida en este sector. Estas acciones incluyen controles aleatorios, que permiten a las autoridades verificar el cumplimiento de las normativas.
Las familias que opten por contratar a una cuidadora de forma irregular pueden enfrentarse a diversas consecuencias, tales como multas significativas y la obligación de abonar las cotizaciones atrasadas correspondientes. Además, podrían surgir complicaciones en caso de accidentes laborales o despidos, lo que añadiría una carga adicional a las familias.
La formalización en la contratación de cuidadoras no solo es una cuestión legal, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio. Contratar de manera formal ofrece estabilidad a los trabajadores, garantizando acceso a derechos fundamentales como bajas por enfermedad y vacaciones. Este tipo de acuerdos motiva a las cuidadoras a desempeñar su labor de forma más efectiva, centrando su atención en el bienestar de las personas mayores a su cargo.
Es esencial que las familias se aseguren de que todos los aspectos legales estén en orden. Preguntas clave que deberían considerar incluyen la legalidad de la contratación de la cuidadora, la actualización de su salario de acuerdo con la última subida del SMI y la correcta aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en la nómina.
Cuidum se presenta como una solución integral para las familias, ofreciendo un servicio que abarca asesoramiento en normativa laboral, selección de profesionales altamente cualificados, redacción de contratos adaptados a la legislación y gestión de trámites administrativos. Con más de 100.000 familias atendidas en toda España, la empresa se compromete a proporcionar un servicio seguro y confiable que garantice el bienestar tanto de los mayores como de los cuidadores.
