La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, publicó una foto del arresto de Nekima Levy Armstrong, una activista que había entrado en una iglesia de St. Paul, Minnesota, para confrontar a un pastor que también es director interino de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esa ciudad. Poco después, la Casa Blanca compartió la misma imagen, pero esta versión había sido manipulada digitalmente, oscureciendo la piel de Armstrong y alterando sus rasgos faciales para hacerla parecer más angustiada o desolada.
Este caso ha suscitado un intenso debate sobre el uso de la tecnología por parte del gobierno para difundir desinformación. Diversos medios, incluido el New York Times, informaron que el análisis realizado mediante un sistema de detección de IA concluyó que la imagen publicada por Noem era auténtica, mientras que la versión de la Casa Blanca mostraba signos claros de manipulación. Según el Times, se pudieron generar imágenes casi idénticas a la versión alterada de la Casa Blanca usando herramientas de IA de Google y de la start-up xAI de Elon Musk.
La National Press Photographers Association emitió una declaración en la que se enfatiza que la precisión y sinceridad son fundamentales para la credibilidad del reportaje visual. Alterar el contenido editorial de tal manera que se falsean los acontecimientos no solo socava la confianza pública, sino que también contraviene las prácticas profesionales.
Manipular una imagen de arresto para hacer que la detenida parezca más afligida es, además de falso, una reafirmación de una narrativa que perpetúa la crueldad y los prejuicios raciales. En un momento en que la creación o alteración de imágenes se puede hacer con facilidad, el riesgo de abuso por parte del gobierno se incrementa de manera alarmante.
Este incidente plantea la inquietante posibilidad de que la administración Trump se sienta incentivada a manipular otras fotografías con fines propagandísticos. Las situaciones donde se afectarían las percepciones públicas sobre el presidente o las fuerzas armadas son varias, lo que eleva las preocupaciones sobre la integridad de la información oficial.
A medida que el caso de Armstrong avanza, sus abogados podrían utilizar esta fotografía retocada para argumentar que la administración Trump ha emitido declaraciones extrajudiciales inapropiadas, potencialmente perjudicando su derecho a un juicio justo. Lo que debería ser un proceso legal objetivo se ve empañado por la posibilidad de que las evidencias visuales hayan sido distorsionadas.
A pesar de la creciente preocupación sobre la regulación de tecnologías que producen imágenes engañosas, este caso ilustra que no son necesarios nuevos marcos legales; es fundamental que el gobierno detenga este tipo de prácticas. La adherencia a un código ético que promueva la veracidad en la información es esencial, y vale la pena recordar que cualquier organización periodística de buena reputación despediría a un empleado por manipular una imagen de esta manera. Sin embargo, parece que el gobierno aún tiene mucho que aprender sobre tales estándares éticos.
Fuente: EFF.org
