Las agencias de la ONU han desmentido las acusaciones sobre un posible desvío de la ayuda humanitaria en Gaza hacia Hamás, un argumento que Israel ha utilizado para justificar su plan de controlar la distribución de dicha asistencia. Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, comentó que no se ha observado ninguna desviación y que los suministros están llegando a los centros sanitarios correspondientes. Aseguró que el problema radica en las restricciones que impiden la llegada efectiva de la ayuda.
Con respecto al anuncio de Estados Unidos sobre la creación de una nueva fundación que se encargará de distribuir la ayuda humanitaria en Gaza, los representantes de las agencias de la ONU subrayaron que no se involucrarán en ningún plan que no respete los principios de neutralidad e independencia. Rolando Gómez, vocero de la ONU, enfatizó que su postura no cambiará y que se adherirán a sus principios fundamentales.
James Elder, portavoz de UNICEF, expresó que las medidas propuestas por Israel solamente aumentarán el sufrimiento de los civiles. Destacó que es extremadamente peligroso para la población desplazarse a zonas militarizadas para obtener raciones, y que aquellos más vulnerables, como ancianos y niños incapacitados, enfrentarán graves dificultades para acceder a la ayuda.
Un Comité Especial de la ONU advirtió que la situación actual puede ser comparada con otra Nakba, al concluir su misión en Jordania. Mencionaron el sufrimiento que el pueblo palestino está soportando bajo la ocupación israelí y cómo la confiscación de tierras se ha intensificado, evidenciando la sistematización de la tortura y otros abusos por parte de las fuerzas israelíes.
El Comité también afirmó que Israel está utilizando el derecho a la alimentación como un arma, afirmando que es inconcebible que un gobierno implemente políticas que busquen matar de hambre a su población, mientras que la ayuda está disponible a poca distancia. Hicieron un llamado a los países influyentes para que ejerzan presión sobre Israel a fin de poner fin a sus acciones ilegales.
Por otro lado, ACNUR ha comunicado que enfrenta serias limitaciones para prestar asistencia a los nicaragüenses que buscan protección en Costa Rica, como consecuencia de una reducción del 41% en sus fondos. Esto ha llevado a la suspensión de numerosos servicios esenciales, dificultando el acceso humanitario, especialmente en comunidades apartadas. Hasta marzo de 2025, Costa Rica había recibido a más de 194,000 solicitantes de asilo nicaragüenses, y la capacidad para registrar nuevos solicitantes se ha reducido dramáticamente.
En Colombia, un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios reveló que el número de personas desplazadas a causa de la violencia se ha cuadruplicado en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las crisis de desplazamiento forzado y las restricciones en el acceso a servicios básicos han tenido consecuencias devastadoras en regiones vulnerables, como la frontera con Venezuela y el departamento del Chocó.
Fuente: ONU últimas noticias
