La Oficina de Derechos Humanos ha emitido una contundente advertencia sobre el impacto negativo de las recientes operaciones militares israelo-palestinas en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. Esta serie de acciones, que ha incluido allanamientos masivos, detenciones y demoliciones de estructuras palestinas, pone en peligro la viabilidad de un futuro Estado palestino y el derecho de su pueblo a la autodeterminación.
Desde el 12 de enero, las fuerzas israelíes han intensificado sus operaciones en la región, afectando especialmente al campamento de refugiados de Shu’fat. En este conflicto, se han documentado al menos 70 demoliciones de viviendas en Kafr Aqab y en los alrededores de Qalandiya. Además, se han emitido órdenes de desalojo para 22 viviendas palestinas en la Ciudad Vieja de Jerusalén y Silwan, lo que ha contribuido a un alarmante desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos desde el año pasado. Un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos subrayó que «el traslado o la deportación ilegal de una población bajo ocupación es un crimen de guerra y, en ciertas circunstancias, puede constituir un crimen de lesa humanidad».
Por otro lado, la situación en Líbano también está generando inquietudes. La ONU ha expresado su preocupación ante informes que indican que el ejército israelí ha utilizado herbicidas en tierras agrícolas al norte de la Línea Azul, lo que podría tener graves consecuencias tanto para la seguridad alimentaria como para el medio ambiente de la región. El portavoz de la ONU ha instado a realizar una investigación exhaustiva para determinar la naturaleza de estas sustancias químicas, recordando que dichas acciones constituyen una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.
En un contexto más amplio, se ha señalado que más de cuatro millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina este año. En el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero hacia esta práctica, representantes de distintas agencias de la ONU han alertado sobre la amenaza que representan los recortes de financiación y la disminución del apoyo internacional, que podrían revertir los avances conseguidos en la última década para erradicar esta práctica.
Finalmente, en México, se han registrado avances significativos en la lucha contra la tortura, aunque la aplicación efectiva de las leyes sigue siendo un desafío. Expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura han destacado la necesidad de abordar la impunidad en estos casos y han solicitado mayor regulación y supervisión en los centros privados de tratamiento de adicciones, donde se han denunciado condiciones inadecuadas y prácticas coercitivas. La ONU resalta así la importancia de fortalecer la cooperación con la sociedad civil para combatir estos problemas persistentes.
Fuente: ONU últimas noticias
