El 22 de noviembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una enmienda a la Constitución que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la vicepresidencia a una figura de «copresidencia» y elimina la prohibición de censura a los medios de comunicación. Esta decisión también establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia, y permite que el ejército intervenga en la acción policial interna si el gobierno alega la necesidad de mantener la «estabilidad» del Estado.
La aprobación de esta reforma ha generado serias preocupaciones entre los expertos en derechos humanos. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua advirtió que esta enmienda otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega un «poder prácticamente ilimitado» sobre la población. Este poder también podría ser ejercido por Rosario Murillo, la actual vicepresidenta y esposa de Ortega.
Los expertos han señalado que esta reforma puede traer consecuencias “nefastas y trascendentales” para los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Desde la llegada de Ortega a la presidencia en 2007, se han implementado un total de doce reformas constitucionales, y esta última afecta a más de cien artículos de la Carta Magna. El Grupo de Expertos ha criticado que el cambio busca «legalizar y consolidar» el control absoluto del gobierno sobre el poder.
Además, la reforma parece buscar la formalización de la disolución de la separación de poderes, un principio fundamental de la democracia. Bajo esta nueva legislación, el concepto de «poderes» ha sido sustituido por «órganos», que serán «coordinados» por la presidencia, lo que podría llevar a la subordinación de todos los poderes del Estado al presidente.
Otro aspecto notable de la reforma es la creación de un cuerpo auxiliar de «policías voluntarios», formado por ciudadanos nicaragüenses para apoyar a la Policía Nacional. Además, se incorpora la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional como símbolo patriótico, lo que subraya la vinculación política de la medida con el legado de la revolución sandinista.
El Grupo de Expertos ha instado a la comunidad internacional a presionar al gobierno nicaragüense para que restablezca inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos esenciales, así como a cumplir con sus obligaciones internacionales.
Fuente: ONU últimas noticias
