El Consejo de Seguridad de la ONU se ha convocado de urgencia tras los bombardeos israelíes en Irán, que han causado daños significativos en uno de sus centros de enriquecimiento nuclear, además de la muerte de líderes militares y de varias decenas de civiles, según informes de fuentes locales. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, ha expresado su condena ante el ataque, subrayando que las instalaciones nucleares nunca deberían ser objeto de ataque, independientemente de las circunstancias, ya que esto puede tener repercusiones graves tanto para la población como para el medio ambiente.
Aunque el sitio de Natanz fue impactado, se ha indicado que no se han detectado niveles elevados de radiación, y las instalaciones en Esfahan y Fordow, hasta el momento, no han sido afectadas. Grossi advirtió que acciones como esta pueden tener profundas implicaciones para la seguridad nuclear, las salvaguardias y la paz tanto a nivel regional como internacional. Por su parte, el Secretario General de la ONU condenó cualquier escalada militar en Medio Oriente y ha hecho un llamado a la contención por parte de todas las partes involucradas.
Mientras tanto, la crisis humanitaria en Gaza se ha visto agravada por un apagón total en las telecomunicaciones, lo que ha paralizado completamente las operaciones de ayuda en la región. Desde el 12 de junio, la falta de conectividad a Internet y datos móviles ha dejado a las agencias humanitarias incapaces de coordinar o entregar asistencia vital. Este colapso en la infraestructura ha sido señalado como un desastre total por el Cluster de Telecomunicaciones de Emergencia. La última ruta de fibra óptica que conectaba el centro y sur de la Franja ha sido destruida, y las redes móviles solo funcionan de forma muy limitada.
El Coordinador Humanitario de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que sin acceso inmediato y masivo a medios básicos de supervivencia, el riesgo de hambruna y caos podría aumentar, con la consiguiente pérdida de más vidas.
Adicionalmente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido una investigación sobre la muerte de al menos cinco personas durante recientes protestas en Bolivia. Estas manifestaciones, principalmente en áreas rurales, han sido impulsadas por el descontento hacia la inhabilitación del expresidente Evo Morales y las crecientes dificultades económicas. Jan Jarab, representante de la ONU para América del Sur, destacó la necesidad de una investigación imparcial y exhaustiva para garantizar justicia y prevenir la impunidad, haciendo hincapié en que la protesta pacífica es un derecho fundamental, pero que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática.
En Colombia, la ONU ha lanzado una alerta sobre la situación crítica de las comunidades rurales en el Guaviare, afectadas por el intensificado conflicto armado. La oficina de la ONU ha expresado su preocupación por el riesgo que enfrentan los derechos humanos de los ciudadanos en estas áreas y ha instado a que se abra un corredor humanitario para garantizarles asistencia y protección. La situación es considerada alarmante debido a que la población civil se encuentra atrapada en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que les impide acceder a alimentos, salud y educación.
Fuente: ONU últimas noticias
