El Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios presentó este jueves su cuarto informe periódico sobre México, en el que reconoció los esfuerzos legislativos e institucionales del país y formuló recomendaciones en materia de protección de los derechos de los migrantes. El Comité destacó los avances en la armonización de la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, logrando poner fin a la detención de menores y familias migrantes tras la reforma legal de 2020.
Además, celebró las iniciativas recientes del gobierno mexicano para fortalecer la asistencia y la protección consular de sus nacionales en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, el Comité, que forma parte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, identificó preocupaciones significativas. Mencionó la falta de claridad y transparencia sobre acuerdos, tanto formales como informales, entre México y Estados Unidos, advirtiendo que estos podrían implicar la externalización del control fronterizo estadounidense y la tercerización de sus obligaciones internacionales en materia de asilo y derechos humanos.
El Comité también alertó sobre las prácticas sistemáticas de devolución hacia México de nacionales de terceros países, quienes quedan en una situación de gran vulnerabilidad y expuestos a diversos tipos de violencia y violaciones de sus derechos. Asimismo, criticó las expulsiones por vía aérea, toleradas por México, hacia el estado de Chiapas, que ponen a los repatriados en una situación de riesgo sin información ni apoyo institucional adecuado.
Se enfatizó la posibilidad de un agravamiento de estas circunstancias ante las nuevas medidas migratorias anunciadas por Estados Unidos para principios de 2025, que podrían profundizar la crisis humanitaria y la vulneración de derechos en el norte de México. En este contexto, el Comité recomendó a México clarificar los acuerdos migratorios con Estados Unidos y asegurarse de que toda cooperación cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo el principio de no devolución y el acceso a procedimientos de protección.
Adicionalmente, instó a México a robustecer la protección de los derechos de sus trabajadores migrantes en el extranjero, con un llamado a realizar mayores esfuerzos diplomáticos para garantizar que los países receptores respeten sus derechos laborales y humanos.
Otra preocupación destacada fue la creciente militarización de la gestión migratoria, la participación de empresas de seguridad privadas y el uso de operaciones de verificación migratoria por actores sin las facultades legales correspondientes. El Comité instó al gobierno a cesar la participación de las fuerzas armadas en estas funciones y a acabar con la externalización de políticas migratorias a actores privados.
Entre otras recomendaciones, se sugirió la revisión de la Ley de Migración para garantizar su alineación con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, así como el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el acceso a servicios básicos para migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
La embajadora mexicana, Francisca Méndez Escobar, estuvo presente en la presentación del informe en Ginebra y reafirmó el compromiso de México con la protección de los derechos de los migrantes, mostrando la disposición del país para colaborar con la comunidad internacional en la mejora de las condiciones de movilidad humana.
Fuente: ONU últimas noticias
