El Gobierno de España ha dado un paso significativo en su intento de reforzar el sistema de pensiones públicas con la aprobación del Real Decreto-ley 322/2024, que modifica el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Esta nueva normativa introduce la denominada «cuota de solidaridad», una contribución adicional dirigida a los salarios más elevados que se destinará al Fondo de Reserva de las pensiones.
La cuota de solidaridad entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025 y se aplicará de forma progresiva hasta el año 2045. Esta medida complementa al ya vigente Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), instaurado en 2023, y busca fortalecer aún más el sistema de pensiones públicas en España.
La cuota de solidaridad se calcula como una cotización adicional sobre los ingresos del trabajo que superen la base máxima de cotización, definida anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2024, esta base máxima se ha fijado en 4.720,50 euros brutos mensuales. La iniciativa busca corregir una de las deficiencias detectadas en el sistema español, donde las bases máximas de cotización se encuentran entre las más bajas de Europa, ocasionando que muchos trabajadores no coticen por la totalidad de sus ingresos.
El nuevo sistema de cálculo se estructurará en tres tramos: un primer tramo que aplicará un incremento del 0,92% a los ingresos hasta un 10% por encima de la base máxima, un segundo tramo con un aumento del 1% para ingresos entre un 10% y un 50% sobre la base máxima, y un tercer tramo con un incremento del 1,17% para ingresos superiores al 50% sobre la base máxima.
Esta cuota adicional afectará principalmente a los trabajadores asalariados del Régimen General de la Seguridad Social y a los del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, tanto empleados como por cuenta propia. Sin embargo, quedarán excluidos de esta medida los trabajadores autónomos. La distribución del pago se realizará siguiendo el esquema actual por contingencias comunes: el 83% será asumido por el empleador y el 17% por el trabajador, respetando la proporción vigente en las actuales cotizaciones por contingencias comunes, que es del 28,30%.
Por otro lado, Talenom Sant Cugat, consciente de las posibles inquietudes que puede generar esta nueva obligación entre las empresas, ofrece su equipo de expertos en asesoramiento laboral para facilitar la comprensión y adaptación a este cambio normativo. Esta consultoría pone su experiencia al servicio de las empresas para aclarar cualquier duda que pueda surgir con la implementación de esta cuota de solidaridad y asegurar una transición fluida hacia el nuevo marco regulatorio.
