Numerosas organizaciones defensoras de los derechos civiles han hecho un llamado a importantes empresas tecnológicas, como Meta y Google, para que protejan a sus usuarios de los requirimientos ilegales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Este organismo ha emitido una serie de citaciones administrativas que buscan obtener datos personales de individuos involucrados en actividades amparadas por la Primera Enmienda, incluyendo aquellos que han documentado acciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), criticado al gobierno, o participado en protestas.
Los activistas afirman que estas citaciones son contrarias a la ley, un hecho que el gobierno conoce. Casos recientes han demostrado que cuando algunos usuarios han desafiado estas citaciones en los tribunales, el DHS ha optado por retirarlas en lugar de esperar un fallo. Sin embargo, se admite que no todos los ciudadanos pueden defenderse de manera eficaz ante estos requerimientos, dado que el proceso legal requiere de recursos y asesoría jurídica que muchos no pueden permitirse.
Con el apoyo de la ACLU de California del Norte, las organizaciones han instado a las plataformas tecnológicas a adoptar medidas más firmes para proteger a sus usuarios. Entre estas medidas se incluye la obligación de obtener autorización judicial antes de cumplir con una citación del DHS, así como notificar a los usuarios tan pronto como sea posible cuando sean objeto de una solicitud de este tipo.
Asimismo, se ha solicitado a las empresas que resistan las órdenes de silencio que impiden informar a los usuarios acerca de su estado frente a las citaciones. Se ha enviado una carta a grandes tecnológicas, incluyendo Amazon, Apple, y Microsoft, instándolas a tomar una posición activa en la defensa de la privacidad de sus usuarios.
Las citaciones administrativas permiten a las agencias federales como el DHS obtener datos de usuarios, pero a diferencia de las órdenes judiciales, no requieren la aprobación de un juez. Si una empresa se niega a cumplir, la única opción del DHS es abandonar el requerimiento o intentar convencer a un juez de su legalidad, acción que se les ha estado pidiendo que realicen las empresas.
A lo largo del último año, ha habido varios casos en los que el DHS ha utilizado su poder de citación para atacar opiniones protegidas. Por ejemplo, la agencia ha solicitado información sobre estudiantes universitarios y jubilados que se manifestaron en contra de sus políticas. Tales acciones han suscitado preocupaciones sobre el abuso de poder, lo que ha llevado a una mayor presión sobre las empresas tecnológicas para que fortalezcan la protección de los derechos de sus usuarios.
Fuente: EFF.org
