Los proyectos extractivos y de desarrollo industrial amenazan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, según los resultados de un estudio científico realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) que cuantifica los impactos negativos que estas actividades tienen sobre las formas de vida, los derechos y las tierras de estas comunidades.

La investigación, realizada en colaboración con otras nueve universidades de todo el mundo, evidencia las violaciones de los derechos indígenas gracias al mayor análisis cuantitativo llevado a cabo hasta el momento a nivel mundial.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, se basa en los datos recopilados durante la última década por el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), una iniciativa coordinada por el ICTA-UAB que ha identificado y mapeado un total de 3.081 conflictos socioambientales en todo el mundo.

A pesar de que los pueblos indígenas representan sólo el 6,2 % de la población mundial y sus tierras ocupan una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, se ven afectados por el 34 % de todos los conflictos ambientales documentados sobre proyectos de extracción y desarrollo industrial.

El estudio documenta más de 740 comunidades indígenas diferentes que se ven afectadas por este tipo de actividades, lo que supone el 15 % de los casi 5.000 grupos que existen en el mundo.

Las comunidades Quechua, Mapuche, Gond, Aymara, Nahua, Ijaw, Munda, Kichwa, Guaraní y Karen son los diez grupos indígenas que aparecen con más frecuencia en el conjunto de datos del EJAtlas.

No obstante, consideran que el número real de grupos indígenas afectados podría ser mucho mayor ya que “sigue habiendo importantes lagunas en los datos, sobre todo en Asia Central, Rusia y el Pacífico, donde la cobertura de datos es más limitada”, explica Arnim Scheidel, investigador del ICTA-UAB y coautor del estudio, que destaca el gran esfuerzo hecho por investigadores indígenas y no-indígenas y por cientos de colaboradores que han recopilado información relevante para el EJAtlas desde su creación.

Ocho de cada diez conflictos ambientales hacen referencia a solo cuatro sectores, y es la minería el sector que más frecuentemente impacta en la población indígena (24,7 %), por delante del sector de los combustibles fósiles (20,8 %), el sector de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería (17,5 %) y el de la construcción y explotación de represas hidráulicas (15,2 %).

Según los datos recogidos, la pérdida de paisajes (56 % de los casos), la pérdida de medios de subsistencia (52 %) y el despojo de sus tierras (50 %) son las situaciones conflictivas que tienen lugar con mayor frecuencia como consecuencia de los proyectos de desarrollo.

Destaca el hecho que los conflictos en torno a proyectos relacionados con la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería presenten tasas de impacto especialmente elevadas. En comparación con otros sectores y con la media mundial, la deforestación (74 % de los casos), el despojo de tierras (74 %), la pérdida de medios de subsistencia (69 %) y la pérdida de biodiversidad (69 %) son mucho más frecuentes en este sector concreto.

Violaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas

“El acaparamiento de tierras provocado por la agroindustria y otros sectores extractivos sigue siendo una gran amenaza para los pueblos indígenas” indica Álvaro Fernández-Llamazares, científico del ICTA-UAB y coautor del estudio. “Es por ello que comunidades indígenas de todo el planeta llevan décadas movilizándose para que se reconozcan y respeten sus derechos”, añade.

Para el equipo investigador, las conclusiones muestran la enorme magnitud de las violaciones de los derechos indígenas asociadas a los modos de vida industriales y recuerdan que instrumentos internacionales como el Convenio C169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desempeñan un papel importante en la promoción de sus derechos. “Sin embargo, los niveles actuales de ratificación, aplicación y supervisión son insuficientes para garantizar el respeto de estos derechos”, remarcan.

Por ello, inciden en la necesidad de que los gobiernos apliquen medidas que promuevan los derechos indígenas y apoyen la justicia ambiental garantizando el cumplimiento real de los convenios existentes y la protección de los derechos sobre sus tierras. “Los gobiernos deben aplicar una política de tolerancia cero respecto a las violaciones de los derechos indígenas y buscar acuerdos comerciales que estén condicionados al cumplimiento de las responsabilidades de la Declaración de las Naciones Unidas por parte de las empresas implicadas”.

Fuente: Agencia Sinc