En enero de este año, la nueva administración estadounidense emitió una orden ejecutiva sobre la inteligencia artificial (IA), reemplazando la anterior normativa de la era Biden, que había sido revocada. Este nuevo decreto establece un Plan de Acción sobre IA dirigido a «liberar» a la industria actual de la IA para fomentar la innovación y eliminar «agendas sociales diseñadas» del sector. Este plan está en desarrollo y está abierto a comentarios públicos a través de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha respondido a esta solicitud de colaboración con tres puntos clave. En primer lugar, argumenta que la adquisición gubernamental de tecnologías de toma de decisiones automatizadas debe realizarse con transparencia y responsabilidad pública. La EFF enfatiza que no se deben utilizar algoritmos secretos y no probados para determinar situaciones críticas, como el empleo o la concesión de asilo en Estados Unidos. En segundo lugar, las políticas sobre IA generativa deben ser específicas y proporcionadas, prestando atención a la protección de otros intereses públicos. Por último, la EFF sostiene que no se debe afianzar la posición de las empresas más grandes mediante esquemas de licenciamiento de IA.
La rapidez con la que EE. UU. ha adoptado la IA ha sido notable, pero también alarmante en cuanto a la falta de transparencia. Este enfoque no solo consolida el poder de las empresas más grandes en el sector, sino que también pone en riesgo las libertades civiles de las personas afectadas por decisiones automatizadas. Ya se han observado intentos de implementar herramientas experimentales de IA en ámbitos como la policía y la seguridad nacional, incluyendo la aplicación de estas tecnologías en la evaluación de trabajadores federales por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental, lo que podría influir en sus posibilidades de empleo.
Automatizar decisiones cruciales acerca de individuos es una práctica imprudente y peligrosa. Estas nuevas herramientas de IA, en el mejor de los casos, son ineficaces y requieren más trabajo para corregir inexactitudes; en el peor de los escenarios, pueden generar resultados irracionales y discriminatorios, ocultos tras la opacidad de la tecnología.
La adopción de estas herramientas debería seguir un proceso robusto de aviso y comentario público, como exige la Ley de Procedimiento Administrativo. Este método ayudaría a eliminar el gasto innecesario en tecnologías ineficaces y a identificar cuándo su uso es inapropiado o dañino. Además, el plan de acción sobre IA debería favorecer el desarrollo de herramientas bajo los principios de software libre y de código abierto, proporcionando un marco para evaluar la eficacia de estos modelos y asegurando que beneficien al público en general y no solo a las empresas más consolidadas.
La ansiedad general en torno a la IA generativa ha llevado a los legisladores a redactar regulaciones amplias y especulativas, sin considerar debidamente los múltiples intereses públicos involucrados. Propuestas recientes, como las leyes NO FAKES y NO AI Fraud, amplían las leyes de copyright en favor de los gigantes corporativos, obviando así la expresión de otros creadores. Además, algunos legisladores sugieren requisitos técnicos como el «watermarking», que presentan numerosas fallas prácticas.
Entre estas soluciones cuestionables se encuentra el creciente impulso hacia esquemas de licenciamiento de IA, que limitan el desarrollo a los mejores postores y crean barreras de acceso para artistas y creadores más pequeños. Este enfoque equivale a intentar ayudar a un niño acosado dándole más dinero para entregárselo a su acosador.
La búsqueda de soluciones rápidas como la expansión del copyright no beneficia a nadie, particularmente a artistas y negocios más pequeños que no pueden competir con estas grandes corporaciones. La IA representa una amenaza para el trato justo del trabajo creativo, y renunciar al uso secundario no arreglará el desequilibrio de poder existente entre los trabajadores y los oligopolios.
Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la cultura y expresarse sin estar sujetos a los caprichos de carteles privados. Los responsables políticos deberían centrarse en elaborar políticas bien definidas que preserven estos derechos y mantengan el proceso regulatorio restringido a soluciones probadas que aborden los problemas reales.
Fuente: EFF.org
