El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marín ha dictado una sentencia favorable a un cliente que utilizaba una tarjeta revolving, condenando a una entidad bancaria al pago de 6.949,87 euros por la cantidad que le fue cobrada de más. La empresa legal reclamador.es ha informado que, tras conocer la resolución, el banco abonó de inmediato el importe al afectado.
El conflicto surgió cuando el consumidor, que había contratado la tarjeta a principios de 2012, descubrió que la misma estaba asociada a una TAE usuraria del 26,82%. La tarjeta, que pasó a ser gestionada por una nueva entidad, fue ofrecida con una notable falta de transparencia, y el contrato resultó ser «prácticamente ilegible», un hecho que ha sido fundamental en la resolución del caso. El cliente utilizaba la tarjeta como si fuera una «tarjeta normal», ya que en ningún momento se le explicó su funcionamiento ni los elevados intereses asociados.
El crédito inicial otorgado por la tarjeta era de 4.100 euros, y aunque las primeras cuotas eran de aproximadamente 30 euros, estas comenzaron a elevarse de manera exponencial hasta alcanzar cifras cercanas a los 200 euros mensuales. La denuncia de esta situación llevó a la sentencia que declaró la nulidad del contrato debido a la falta de claridad en la información proporcionada al consumidor. Irene Becerra, directora legal de reclamador.es, subrayó que se trata de un caso que no solo favorece al demandante, sino que también establece un precedente en la lucha contra las prácticas abusivas de algunas entidades financieras.
Las tarjetas revolving se han vuelto cada vez más populares en España para financiar compras de manera rápida. Sin embargo, este tipo de productos financieros a menudo ocultan tipos de interés elevados que muchos consumidores desconocen debido a la falta de información clara en el momento de su contratación. La sentencia de Marín y su ratificación por parte de la Audiencia Provincial de Pontevedra señalan la importancia de la transparencia en la comercialización de productos financieros y el derecho de los consumidores a una información clara y comprensible.
