La crisis mundial de deuda y la elevada inflación están poniendo en jaque la capacidad de muchos países para garantizar el acceso a alimentos adecuados a sus poblaciones. El relator especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, expresó esta situación durante un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Fakhri subrayó que los gobiernos se ven obligados a elegir entre alimentar a su población o cumplir con sus obligaciones de deuda, lo que crea una disyuntiva insostenible.

Según Fakhri, utilizar fondos públicos para mejorar el acceso a la alimentación puede conducir a un retraso en el pago de la deuda, lo que a su vez puede generar una mayor crisis financiera. Por otro lado, optar por priorizar el pago de la deuda resulta en un aumento del hambre y la malnutrición. «El actual sistema internacional de financiamiento obstaculiza de manera inequívoca la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones con respecto al derecho a la alimentación», anotó.

El relator también destacó la urgente necesidad de transformar los sistemas alimentarios globales, sugiriendo que esto requiere un cambio radical en su estructura y en las normas que los rigen. Propuso rediseñar los presupuestos públicos para permitir mejoras significativas en los sistemas alimentarios, al tiempo que se sientan las bases para una transformación completa y equitativa.

Fakhri delineó cuatro condiciones esenciales para este cambio: moverse de la agricultura industrial hacia prácticas agroecológicas, apoyar los mercados locales en lugar de los globales, reducir la dependencia de corporaciones al favorecer la economía social y solidaria, y transformar un multilateralismo ineficaz por uno fundamentado en la solidaridad y la soberanía alimentaria.

El experto advirtió que las últimas décadas han estado marcadas por ciclos de crisis que han elevado las tasas de hambre y malnutrición. Estas crisis son síntomas de problemas estructurales más profundos. En este contexto, muchos gobiernos han tenido que recortar inversiones en servicios sociales críticos para cumplir con sus pagos de deuda, lo que afecta gravemente el acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables, como las mujeres y los niños.

Fakhri ilustró su punto con el caso de Argentina, donde el presupuesto para 2023 prevé un aumento del 15% en los pagos de intereses de la deuda, acompañado de un recorte del 12% en programas sociales. Esto ha resultado en un aumento de la inseguridad alimentaria, especialmente desde que se suspendieron las ayudas temporales establecidas durante la pandemia.

El relator también apuntó que la agricultura industrial contribuye de manera significativa a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que a su vez afecta el cambio climático y reduce la biodiversidad. Por lo tanto, abogó por la implementación de medidas basadas en los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar el derecho a la alimentación.

Fakhri señaló que es crucial que los Estados implementen planes nacionales para abordar la crisis alimentaria y promuevan una respuesta internacional coordinada para transformar sus sistemas alimentarios en uno más equitativo y resiliente. Sin cooperación internacional, los esfuerzos nacionales están condenados al fracaso.

En su intervención, Fakhri también abordó la situación en Venezuela, donde las sanciones unilaterales han exacerbado las crisis alimentarias. A pesar del marco jurídico favorable del país y de los esfuerzos gubernamentales para abordar la inseguridad alimentaria, las restricciones han elevado la vulnerabilidad de grupos específicos, como mujeres y niños. El relator demandó reformas urgentes y un mayor apoyo a la producción local.

La discusión también incluyó la perspectiva del relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, quien abogó por garantizar que las leyes antiterroristas no limiten indebidamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

La crisis actual resalta la interconexión entre la deuda, la alimentación y los derechos humanos, y la necesidad urgente de un enfoque integral que priorice la dignidad humana y la seguridad alimentaria a nivel global.
Fuente: ONU últimas noticias