El gobierno mexicano ha aprobado un paquete de leyes que ha suscitado una fuerte preocupación por la invasión a la privacidad de los ciudadanos. Estas leyes, aprobadas en julio, permiten a las fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, acceder a una gran cantidad de datos personales y obligan a todos los individuos a proporcionar información biométrica, sin necesidad de sospecha de actividad delictiva.
Uno de los puntos más controversiales de esta reforma es la creación de una plataforma de inteligencia interconectada, denominada Central Intelligence Platform, que permite a las agencias de inteligencia y seguridad de todos los niveles de gobierno acceder a información personal proveniente de entidades tanto públicas como privadas. Esto incluye datos sobre matrículas de vehículos, información biométrica, detalles telefónicos, registros financieros y datos de salud, entre otros.
Las leyes son presentadas como un medio para combatir el crimen de alto impacto; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, como RD3 y Artículo 19, han expresado su alarma ante estas disposiciones. Estas organizaciones argumentan que establecen un sistema de vigilancia descontrolado que atenta contra los derechos de privacidad y libertad de expresión, además de socavar el principio de presunción de inocencia.
Un análisis reciente señala que la nueva legislación también obliga a cada persona en México a inscribirse en un sistema de identificación biométrica, que incluye huellas dactilares y fotografía. Esta identificación será requerida para realizar cualquier transacción o acceder a servicios, como banca, atención médica y educación. Además, se menciona que la Ley de Telecomunicaciones exige a las empresas de telecomunicaciones crear un registro que relacione los números telefónicos de los ciudadanos con sus identificaciones biométricas, y que se suspendan los servicios a aquellos que no cumplan con esta norma.
El acceso de las fuerzas armadas a esta plataforma de inteligencia permite la consulta en tiempo real de bases de datos interconectadas en diferentes sectores, lo que crea un ambiente propenso a la vigilancia excesiva. Las empresas, tanto nacionales como internacionales, tienen la obligación de interconectar sus bases de datos o entregar información a solicitud del gobierno, sin el requisito de autorización judicial previa.
Con todo esto, se establece un marco normativo que no solo permite la vigilancia sin causa aparente, sino que también contempla penalizaciones por la divulgación de información que se considere confidencial. La comunidad de derechos humanos ha hecho un llamado a la vigilancia y resistencia ante este sistema de supervisión masiva, enfatizando la importancia de la colaboración para proteger los derechos fundamentales ante regulaciones desproporcionadas.
Fuente: EFF.org
