Durante los últimos años, Europa ha experimentado un crecimiento considerable en el desarrollo del hidrógeno renovable, cuyo avance se ha medido principalmente a través de objetivos, anuncios de inversión y proyectos en fase de planificación. Recientemente, se han comenzado a observar señales que indican que este sector está entrando en una nueva etapa: la construcción de grandes instalaciones diseñadas para atender a consumidores industriales específicos.
En la actualidad, ya hay doce megaproyectos de hidrógeno renovable en pleno proceso de construcción en Europa. Estas iniciativas, que en conjunto suman cerca de 3 GW de capacidad de electrólisis, están movilizando una inversión que asciende a aproximadamente 13.000 millones de euros. Los proyectos están ubicados en varios países, incluidos Suecia, España, Alemania, Países Bajos, Francia, Austria y Portugal, y están orientados a sectores clave como la siderurgia, el refino, la industria química y la producción de amoníaco, e-metanol y combustibles sostenibles para la aviación.
La transición de la planificación a la construcción representa un avance significativo para el sector. No obstante, la mera construcción de electrolizadores es solo el primer paso. El verdadero desafío radicará en la capacidad de estas instalaciones para producir hidrógeno verde de manera competitiva, mantener un adecuado nivel de utilización y contar con compradores que asuman compromisos a largo plazo.
Los proyectos que muestran mayores perspectivas de éxito son aquellos integrados en complejos industriales, lo que les proporciona un vínculo directo con consumidores existentes en sectores como la producción de acero, combustibles y fertilizantes. Un ejemplo destacado es el proyecto Stegra en Suecia, que combina un electrolizador de 700 MW con generación renovable y una planta siderúrgica. Otro caso es el proyecto Moeve Onuba en Huelva, España, que se encuentra en su primera fase con 300 MW de electrólisis y el Green Hydrogen Hub de Petronor, que prevé 100 MW destinados al entorno industrial de Bilbao.
Esta integración es crucial, ya que reduce uno de los principales riesgos asociados al hidrógeno renovable: construir capacidad de producción sin una demanda claramente definida. Es esencial que los proyectos tengan claridad sobre quién comprará el hidrógeno, en qué cantidades, durante cuánto tiempo y a qué precio.
Además, la regulación pública está comenzando a crear nuevas señales de demanda. En España, el Real Decreto 611/2026 establece un nuevo marco normativo para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables, incluidos los de origen no biológico. A pesar de esto, la mera existencia de objetivos regulatorios o ayudas públicas no garantiza por sí sola la viabilidad de los proyectos, ya que el coste de producción dependerá de diversos factores, incluyendo el precio de la electricidad, el tiempo de operación, la eficiencia de los electrolizadores y la estrategia de contratación del suministro eléctrico.
La flexibilidad operativa se presenta como un factor clave para la competitividad de estos proyectos. Los electrolizadores deben minimizar costes aprovechando las horas de mayor producción renovable y precios bajos en los mercados eléctricos, pero también deben cumplir con contratos de suministro y coordinarse con los procesos industriales que dependen del hidrógeno.
Por tanto, medir el éxito de estos proyectos va más allá de los megavatios instalados; es fundamental evaluar el volumen de hidrógeno producido y vendido, las horas efectivas de operación, la reducción de emisiones lograda y la capacidad de mejorar la competitividad de la industria europea.
La construcción de los primeros megaproyectos demuestra que el hidrógeno renovable está avanzando más allá de su fase conceptual. La próxima etapa se centrará en consolidar la demanda, reducir costes, desarrollar infraestructuras y estructurar contratos que faciliten nuevas inversiones. La bancabilidad de las previsiones es esencial, y entidades como AleaGreen están desempeñando un papel crucial al crear previsiones a largo plazo que permiten a desarrolladores, bancos y fondos evaluar la rentabilidad y el riesgo de estos proyectos, así como estructurar contratos que respalden la financiación necesaria para su ejecución.
