El Gobierno de Venezuela enfrenta fuertes críticas tras las recientes declaraciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre el país, que exigieron la inmediata cesación de las detenciones de opositores. Este organismo alertó sobre la práctica de mantener a detenidos en condiciones de aislamiento e incomunicación, una estrategia que, según afirma, se asemeja a desapariciones forzadas y representa una grave violación de los derechos humanos.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, subrayó que estas detenciones selectivas forman parte de un plan sistemático del Estado para silenciar a figuras de la oposición y a defensores de los derechos humanos, generando un clima de miedo en la población. «Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,» señaló.
La Misión identificó a varios cuerpos de seguridad del Estado, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana, como los responsables directos de estas detenciones, implicando también al Ministerio Público. Además, criticó la complicidad del sistema judicial, señalando que los juzgados penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contribuyen a la impunidad de tales abusos.
El informe detalló la preocupante ineficacia del mecanismo de habeas corpus, fundamental para proteger a los detenidos de arrestos arbitrarios. En investigaciones recientes, al menos 20 solicitudes de habeas corpus fueron ignoradas o rechazadas, lo que pone de manifiesto la crisis del Estado de Derecho en Venezuela. Patricia Tappatá, experta de la Misión, afirmó que la negativa del aparato judicial a tramitar estos recursos es un grave incumplimiento de sus deberes.
Ante esta situación, la Misión demandó la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente y pidió a las autoridades implementar medidas que garanticen la integridad y vida de quienes están bajo su custodia. Asimismo, instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus Estados miembros a mantener una vigilancia continua sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela.
Fuente: ONU últimas noticias
