La seguridad en el ámbito rural se ha convertido en una preocupación creciente para agricultores, ganaderos y propietarios de fincas en España, especialmente ante el aumento de robos en explotaciones agrarias. Recientemente, se han registrado cifras alarmantes sobre este fenómeno, que ha mostrado un repunte notable desde el inicio de la pandemia. Según datos de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, más de 11,300 robos fueron denunciados en 2023, lo que equivale a una media de 31 incidentes diarios en todo el país.
Aunque en 2024 se ha reportado un ligero descenso en la criminalidad, con cerca de 10,600 robos (aproximadamente 29 diarios), esta cifra sigue siendo considerablemente alta en comparación con los niveles prepandémicos. Comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana destacan por concentrar la mayoría de estos delitos. Esta realidad ha generado una creciente sensación de desprotección entre quienes viven y trabajan en el campo, afectando la tranquilidad y el futuro de sus negocios.
La empresa ADT, especializada en sistemas de seguridad electrónica, ha decidido reforzar su compromiso con el mundo rural en respuesta a esta problemática. «Nuestra misión va más allá de la venta de alarmas tradicionales. Nos adaptamos a las necesidades específicas de cada entorno», señala José González Osma, director general de ADT. Con este enfoque, están desarrollando soluciones tecnológicas innovadoras que permiten la protección efectiva de propiedades en entornos rurales y suburbanos.
Los nuevos dispositivos de ADT cuentan con sensores avanzados y conexión a una Central Receptora de Alarmas (CRA), lo que facilita el aviso inmediato al propietario ante cualquier intento de intrusión. «Nuestras soluciones actúan como un ‘candado inteligente’, alertando al instante y proporcionando una respuesta eficaz ante delitos en curso», añade González Osma.
Además, ADT ha consolidado su compromiso con el desarrollo de la seguridad rural a través de una alianza estratégica con Eurocaja Rural, que busca ofrecer servicios de protección en pequeñas y medianas poblaciones, garantizando así la equiparación de servicios de seguridad entre zonas rurales y urbanas. Esta colaboración ha demostrado ser eficaz y ha crecido de manera sostenida, reflejando la creciente demanda de soluciones adaptadas a las particularidades del mundo rural.
