La reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en EE. UU. representa un avance significativo en el ámbito de la privacidad de datos y la protección del consumidor. En el caso Briskin v. Shopify, se planteó la cuestión de si los consumidores podían demandar a empresas nacionales o multinacionales en sus tribunales locales cuando estas violan las leyes de privacidad de datos estatales.
El caso se originó tras las acusaciones de un residente de California contra Shopify, una compañía que proporciona soporte a empresas de comercio electrónico. Se alegó que Shopify instaló software de seguimiento en dispositivos sin consentimiento, recopilando datos personales y rastreando actividades de navegación, lo que resultó en la creación de perfiles de usuario detallados, utilizados por empresas para bloquear futuras compras.
Inicialmente, el tribunal desestimó la demanda por considerar que Shopify no tenía una conexión suficiente con California. Sin embargo, tras la solicitud de revisión por parte del demandante y el apoyo del grupo sin fines de lucro Public Citizen, el tribunal reconsideró su postura. Se argumentó que la recolección de información de usuarios en otros estados no debe impedir que los demandantes de California puedan presentar su caso en su estado.
El tribunal subrayó que la conducta de Shopify estaba «expresamente dirigida» a California, ridiculizando la idea de que el impacto en el consumidor local era mera coincidencia. Se estableció que, a pesar de ser una entrada electrónica, la interceptación clandestina de información personal por parte de Shopify constituía un contacto relevante con el estado.
Además, el tribunal derribó la noción de que los demandantes debían demostrar que una empresa «objetivó» a California, argumentando que eso permitiría que las corporaciones dirigieran sus actividades a todos los estados y evadieran la jurisdicción personal en cada uno de ellos. En cambio, se determinó que la propia conducta de Shopify lo conectaba de manera significativa con California.
Esta decisión sienta un precedente importante, especialmente en un momento en que los estados intentan llenar los vacíos dejados por la falta de legislación federal sobre privacidad de datos. La resolución asegura que las leyes estatales tendrán un impacto real en la protección del consumidor frente a la vigilancia corporativa creciente, marcando una victoria crucial en la defensa de la privacidad.
Fuente: EFF.org
