Jack Poulson, un periodista, recibió un informe policial sobre el arresto del CEO de una empresa tecnológica, Maury Blackman, por un cargo de violencia doméstica en grado de delito mayor. Al recibir esta información de una fuente confidencial, Poulson decidió ejercer su deber como periodista y reportó la noticia. Sin embargo, Blackman no tomó bien la situación y decidió demandar a Poulson, así como a Amazon Web Services, Substack y a la organización sin ánimo de lucro que fundó, Tech Inquiry, con el objetivo de forzar la eliminación de los artículos sobre su arresto. Blakman argumentó que una orden judicial que sellaba su arresto le otorgaba el derecho a censurar la información en Internet, un planteamiento que contradice décadas de precedentes establecidos por la Corte Suprema y el Tribunal de Apelaciones de California.
Este caso es un claro ejemplo de lo que se conoce como una SLAPP, o demanda estratégica contra la participación pública. Afortunadamente, la ley anti-SLAPP de California ofrece una vía para que los acusados puedan desestimar rápidamente las reclamaciones sin fundamento que buscan silenciar su libertad de expresión. El tribunal aprobó la moción de Poulson para desestimar la demanda de Blackman bajo esta legislación el pasado martes.
En su dictamen, el tribunal hizo hincapié en que la Primera Enmienda protege el derecho de Poulson a publicar y reportar sobre el informe del incidente. Este fallo es significativo, ya que, según el caso Bartnicki v. Vopper, la Primera Enmienda ampara a los periodistas que informan sobre asuntos de interés público, incluso si la información fue obtenida de manera ilícita por un tercero. Sin esta protección, los reporteros podrían enfrentar acciones legales por informar sobre datos proporcionados por denunciantes que las empresas o el gobierno desean mantener en secreto.
El tribunal reafirmó estos principios al establecer que, aunque los tribunales pueden sellar registros en casos apropiados, un periodista no debería verse obligado a ignorar la información digna de noticia si recibe un documento sellado. El fallo destaca que un periodista, que no ha cometido ninguna ilegalidad al obtener información, tiene el derecho de publicarla. La corte concluyó que la defensa de la Primera Enmienda de Poulson invalidaba todas las reclamaciones de Blackman, aclarando que no había evidencia que demostrara que Poulson y los otros acusados sabían que el arresto estaba sellado antes de que Poulson publicara la noticia.
Además, el tribunal subrayó que los CEOs no pueden reescribir la historia mediante órdenes judiciales que sellan información comprometedora, como un arresto por violencia doméstica. Blackman alegó que, según las leyes de California, los arrestos sellados se consideran «no ocurridos» para ciertos fines legales, argumentando que informar sobre su arresto era, por tanto, falso y actionable. No obstante, la corte refutó esta afirmación, insistiendo en que el lenguaje legal que mitiga algunas de las consecuencias de un arresto «no puede alterar cómo ocurrieron los eventos pasados». En resumen, la decisión judicial deja claro que nadie puede utilizar el sistema legal para reescribir la historia.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) se mostró satisfecha con el fallo, reafirmando la importancia de la protección de la libertad de expresión en este contexto.
Fuente: EFF.org
