La reciente proliferación de tecnologías de vigilancia en las comunidades estadounidenses ha despertado preocupaciones sobre la privacidad y la falta de supervisión adecuada. Empresas proveedoras de tecnología, agencias federales y donantes adinerados han estado facilitando el acceso «gratuito» a equipos de vigilancia para las fuerzas del orden locales, evadiendo así cualquier control a nivel regional. Este acceso sin restricciones ha dado lugar a graves fallos de responsabilidad y ha creado tuberías de datos que terminan en manos de entidades como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), poniendo en peligro a millones de personas.
El costo de estas herramientas de vigilancia «gratuitas», que incluyen lectores automáticos de matrículas, cámaras interconectadas y sistemas de reconocimiento facial, se mide no solo en términos económicos sino también en la erosión de libertades civiles. La recopilación y el intercambio de datos generan registros detallados sobre los movimientos y asociaciones de los individuos, los cuales pueden ser expuestos, hackeados o reutilizados sin el consentimiento de los mismos. Esto debilita las protecciones de los ciudadanos mientras facilita la persecución de los más vulnerables.
Las ciudades tienen el poder de rechazar programas de financiación federal, pruebas de proveedores o donaciones privadas que faciliten la vigilancia. Sin embargo, es crucial que cualquier implementación de proyectos de vigilancia cuente con mecanismos de supervisión claros, como audiencias públicas, auditorías y consecuencias por mal uso, para proteger a la comunidad de abusos y asegurar que las decisiones sobre estas tecnologías se tomen con la participación activa de los ciudadanos.
Entre las estrategias más comunes para introducir tecnologías de vigilancia «gratuitas» en las comunidades se encuentran los ensayos y programas piloto. Las fuerzas policiales frecuentemente reciben acceso gratuito a estas herramientas a través de programas que a menudo carecen de políticas de uso adecuadas. Esto puede llevar a situaciones en las que los ciudadanos no estén informados de que un programa de vigilancia se está llevando a cabo en su área, lo cual puede suceder, por ejemplo, con los drones que la policía de Denver está utilizando en pruebas.
A veces, las ciudades deciden no financiar una herramienta, pero las empresas continúan proporcionándola con la esperanza de que se obtenga dinero más adelante, como ocurrió en Fall River, Massachusetts, donde la policía siguió usando un sistema a pesar de problemas significativos.
Adicionalmente, donaciones de fundaciones policiales y de individuos acaudalados han promovido agendas impulsadas por la vigilancia en comunidades locales. En Atlanta, la Fundación de Policía de Atlanta intentó eludir la transparencia a través de donaciones significativas, pero fue obligada por un tribunal a cumplir con las leyes de registros públicos.
Asimismo, los fondos federales, como los del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional, están diseñados para introducir estas tecnologías bajo la apariencia de un costo nulo, pero a menudo resultan en compromisos financieros a largo plazo para las comunidades. Este tipo de financiación se traduce en un encadenamiento a infraestructuras de vigilancia que, una vez establecidos, son difíciles de desmantelar.
La mejor manera de protegerse contra esta tecnología «gratuita» es rechazarla en su totalidad. Las ciudades no tienen la obligación de aceptar estos fondos o donaciones. Aquellas localidades que ya han adoptado sistemas de vigilancia deben cerrar de inmediato y desactivar cualquier dispositivo que pueda comprometer la privacidad de los ciudadanos. Es vital establecer reglas claras sobre el uso de cualquier herramienta de vigilancia que permanezca activa, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas en su operación.
En resumen, lo que parece «gratuito» en la implementación de tecnologías de vigilancia es, en realidad, una transferencia de poder y control, con consecuencias perjudiciales para la comunidad. Las decisiones sobre este tipo de tecnologías deben ser tomadas por los ciudadanos y sus representantes elegidos, protegiendo así sus derechos y libertades frente a un creciente panorama de supervisión.
Fuente: EFF.org
