Una vez más, el millonario de San Francisco, Chris Larsen, ha utilizado su influencia económica para impulsar un controvertido proyecto de vigilancia policial en la ciudad. El comisionado de policía de San Francisco, la Junta de Supervisores y el alcalde Daniel Lurie han aprobado la donación de 9.4 millones de dólares de Larsen para un nuevo Centro de Investigaciones en Tiempo Real, que trasladará el actual centro tecnológico de la policía desde el Hall de Justicia a un espacio subarrendado dentro del edificio de Ripple Labs, la empresa de transferencia de criptomonedas fundada por Larsen. Aunque se ha informado que la ciudad no pagará por el espacio, el alquiler ha costado aproximadamente 2.3 millones de dólares a Ripple y se extenderá hasta diciembre de 2026.
Este acuerdo también incluye una donación de 7.25 millones de dólares de la Fundación Comunitaria de Policía de San Francisco, creada por Larsen. Las fundaciones de policía suelen ser brazos de recaudación de fondos semi-públicos que permiten a los departamentos policiales adquirir tecnología y equipo que los fondos municipales no cubren.
Las preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas se intensifican al considerar que fundaciones como esta pueden financiar medidas de vigilancia impopulares sin tener que rendir cuentas al público. Larsen, quien fue uno de los principales financistas de la controvertida Proposición E el año pasado, ha estado detrás de esfuerzos para eludir las normativas de transparencia que exigían la aprobación de la Junta de Supervisores antes de que la policía pudiera adquirir y utilizar nueva tecnología de vigilancia.
Los Centros de Investigaciones en Tiempo Real son control rooms que reúnen diversas fuentes de datos, lo que plantea serias inquietudes sobre la vigilancia masiva y el potencial abuso de poder. La posibilidad de que estos datos sean compartidos con agencias federales, como se ha dado en el pasado con datos de lectores de matrículas automáticas, es otra preocupación que tiene en vilo a los residentes de la ciudad.
Los críticos sostienen que la expansión de la vigilancia no solo perpetúa la desconfianza pública, sino que también puede tener efectos adversos sobre comunidades ya marginalizadas. A pesar de que se apuesta por que la tecnología detenga el crimen, los estudios sugieren que la vigilancia no reduce efectivamente la criminalidad.
A medida que Larsen se convierte en el benefactor de la tecnología policial en San Francisco, muchos ciudadanos se sienten vulnerables al control y seguimiento constante apoyado por intereses privados. La crítica generalizada es que la policía debe operar bajo el control público para asegurar que los residentes puedan exigir la rendición de cuentas adecuada, y que una financiación privada puede erosionar la confianza y la autonomía comunitaria.
Ante esta situación, se hace un llamado a los funcionarios electos para que prioricen el bienestar de la comunidad sobre las influencias externas y aseguren que la policía siga siendo un servicio bajo el control y la supervisión del pueblo de San Francisco. Los residentes ahora enfrentan la difícil decisión de si la aparente seguridad que ofrece esta vigilancia merece los sacrificios que implica en términos de privacidad y libertades civiles.
Fuente: EFF.org
