El Tribunal Supremo de Brasil se encuentra a punto de tomar una decisión crucial sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en relación con el contenido generado por terceros. En una serie de audiencias, un panel de once magistrados está analizando conjuntamente dos casos que plantean la cuestión de si las plataformas pueden ser responsables de retirar contenidos sin una orden judicial. Esta deliberación se centra en la constitucionalidad del régimen de responsabilidad de intermediarios establecido en el «Marco Civil da Internet», la ley brasileña que regula el uso de Internet en el país.
El artículo 19 de esta ley estipula que un proveedor de aplicaciones de Internet solo puede ser considerado responsable por el contenido de terceros si incumple una orden judicial para eliminarlo. Existen excepciones en casos de infracción de derechos de autor y divulgación no autorizada de imágenes privadas, pero el resultado de la deliberación del tribunal podría cambiar radicalmente el panorama. Un fallo que implante un régimen de vigilancia de contenidos podría poner en peligro salvaguardias cruciales para la libertad de expresión y la privacidad.
La decisión que tome el tribunal establecerá un precedente para las cortes inferiores sobre dos puntos fundamentales: la compatibilidad del régimen de responsabilidad de intermediarios con la Constitución brasileña y la obligación de las plataformas de monitorear el contenido publicado sin intervención judicial. Dicha decisión no solo afectará a Brasil, sino que podría tener repercusiones en la regulación de plataformas a nivel regional y global.
Las audiencias comenzaron a finales de noviembre del año pasado y, hasta ahora, solo el juez Dias Toffoli ha expuesto su voto, declarando inconstitucional el artículo 19 y proponiendo que el régimen de «notificación y eliminación» se convierta en la norma general. Sin embargo, una decisión que permitiera que las plataformas puedan ser responsables de ciertos contenidos sin notificación de por medio podría imponer un deber de monitoreo, creando un clima de censura digital.
Los dos casos que se están analizando tienen más de una década y se relacionan con el derecho al honor. En uno, una profesora presentó una demanda contra Google tras la creación de una comunidad en línea que la difamaba. En el segundo, una mujer demandó a Facebook por no eliminar una cuenta falsa que la impersonaba. Ambas situaciones han resaltado la necesidad de equilibrio entre la protección de la expresión en línea y la protección de los derechos de las personas.
A medida que el tribunal retoma sus sesiones, la incertidumbre persiste sobre si alcanzará un veredicto antes de que finalice el año. La situación refleja un momento crítico en la discusión sobre la regulación de las plataformas digitales en Brasil y los grandes cambios que podrían venir con la decisión del Supremo. La manera en que el tribunal defina estas cuestiones puede tener un impacto duradero en cómo se manejan las responsabilidades de las plataformas de Internet y en la protección de los derechos de los usuarios en la red.
Fuente: EFF.org
