En muchas comunidades de vecinos, el uso de las instalaciones compartidas, como las piscinas, puede convertirse en un punto de tensión entre los residentes. Recientemente, ha cobrado relevancia una normativa que permite a los vecinos regular el acceso de visitantes a estas áreas comunes, e incluso establecer tarifas por su uso.
La cuestión ha surgido luego de que varias comunidades de propietarios discutan la conveniencia de limitar el acceso a la piscina a solo aquellos residentes que están al corriente de sus pagos y que han sido previamente autorizados por la comunidad. Esta medida busca garantizar una mejor convivencia y hacer un uso más controlado de las instalaciones, evitando situaciones que puedan generar molestias o descontento entre los vecinos.
Algunas comunidades han decidido establecer un sistema de registro para los invitados que deseen hacer uso de la piscina, exigiendo a los residentes que notifiquen la visita con antelación. En caso de incumplimiento, la comunidad podría incluso imponer sanciones o, en el peor de los casos, prohibir el acceso a la piscina a los visitantes no autorizados.
Además, hay quienes proponen la posibilidad de cobrar una tarifa por cada visitante, con el fin de equilibrar los gastos de mantenimiento de la piscina. Esta iniciativa ha causado debate, ya que algunos propietarios consideran que se trata de una medida abusiva que impide una convivencia cordial entre vecinos. Otros, sin embargo, defienden que el cobro es razonable para cubrir los costos adicionales que genera la presencia de personas ajenas al edificio.
A medida que la temporada de verano avanza, estas decisiones están comenzando a tomar fuerza en diversas localidades. Los propietarios están siendo llamados a asambleas extraordinarias donde se debatirán estas y otras normas relativas al uso de la piscina. Así, parece que la convivencia en torno a las áreas comunes seguirá siendo un asunto delicado, que requiere de acuerdos y entendimiento entre los miembros de cada comunidad.
