La previsión del mercado inmobiliario español para 2025 destaca un cierre cercano a las 750.000 compraventas, con un incremento en los precios que oscilará entre el 4% y el 6%. Sin embargo, este panorama optimista se ve matizado por señales de desaceleración que podrían manifestarse hacia finales de año, en gran medida debido a problemas de oferta, inflación y posibles subidas en los tipos de interés.
Según Vicenç Hernández Reche, economista y CEO de Tecnotramit, la actual presión sobre los precios tiene un origen muy distinto al de la crisis de 2008, lo que sugiere que las repercusiones de esta situación serán más graves a nivel social que macroeconómico. En este contexto, la carencia de nueva construcción sigue siendo un obstáculo relevante, ya que el déficit anual se sitúa por encima de las 100.000 viviendas. Esta disparidad entre la oferta (entre 80.000 y 100.000 construcciones anuales) y la demanda (200.000) está presionando al alza los precios tanto en la compra como en el alquiler.
Sobre el tema de una posible ‘burbuja’ inmobiliaria en España, Hernández Reche considera que, aunque la situación podría clasificarse de esta forma siguiendo la ortodoxia financiera, las características actuales la diferencian considerablemente de la burbuja de 2008. Los criterios de financiación son más prudentes, la demanda se mantiene robusta y la subida de precios varía según la ubicación geográfica. Sin embargo, advierte que cualquier eventual colapso tendrá implicaciones más serias para las capas de la población menos favorecidas.
En el ámbito hipotecario, se prevé que las hipotecas fijas vayan ganando protagonismo frente a las variables, aunque el acceso a estas seguirá siendo complicado para muchos. Hernández Reche señala que los nuevos créditos hipotecarios continuarán con tipos de interés relativamente altos en comparación con los niveles anteriores a 2022, lo que podría dificultar la situación de las familias con rentas medias y bajas si los precios no se estabilizan.
Finalmente, el economista sugiere que la solución a estos problemas radica en un plan nacional de oferta y rehabilitación, que contemple la necesidad de más viviendas, tanto libres como asequibles y sociales. También aboga por la agilización en la concesión de licencias y la promoción de la rehabilitación energética en gran escala, enfatizando la necesidad de que la política de vivienda se enfoque más en la realidad del mercado que en sesgos ideológicos.
