Desde finales de julio, el Reino Unido ha implementado nuevas regulaciones que exigen a todos los servicios en línea evaluar si albergan contenido que pueda ser perjudicial para los niños. En caso afirmativo, estos servicios deben establecer verificaciones de edad para evitar que los menores accedan a dicho contenido. Además, están obligados a modificar sus algoritmos y sistemas de moderación para garantizar que el contenido considerado dañino, como las imágenes violentas, no sea mostrado a los jóvenes.
Durante los cuatro años de debate legislativo alrededor del Acta de Seguridad en Línea (OSA) y los dos años siguientes, varios expertos han expresado sus preocupaciones sobre cómo esta ley afectará los derechos de adultos y niños. Sin embargo, los políticos del Reino Unido continuaron adelante y aprobaron un mandato de verificación de edad que ha sido motivo de controversia.
Los críticos señalan que los sistemas de verificación de edad son herramientas de vigilancia que amenazan los derechos de privacidad y expresión de todos los usuarios. Para proteger a los niños, los servicios en línea deben confirmar la edad de todos sus visitantes, lo que puede implicar el uso de documentos de identificación oficiales o escaneos biométricos, en detrimento de la privacidad de los individuos.
Una de las preocupaciones es que, una vez que se comparte esta información, no hay garantías sobre cómo será utilizada o si se compartirá con terceros. El riesgo de que estos datos se filtren o se utilicen de manera indebida es elevado. Estos sistemas, que incluyen tanto la verificación como la estimación de edad, pueden ser susceptibles a errores, lo que podría llevar al bloqueo injustificado de usuarios.
Además, se argumenta que estas medidas constituyen un acto de censura. La OSA otorga al gobierno del Reino Unido, a través de la Ofcom, la autoridad para decidir qué contenidos son considerados aceptables, lo que podría conllevar a la eliminación de información legal y ventajosa para los jóvenes, incluyendo contenido relacionado con LGBTQ+.
La reacción del público ha sido clara. En pocos días tras la implementación de las verificaciones de edad, las aplicaciones de VPN se convirtieron en las más descargadas en las tiendas de aplicaciones, reflejando un creciente deseo de los usuarios por eludir los requisitos de verificación. Sin embargo, expertos advierten que las VPN no son una solución viable a largo plazo y que eventualmente se verán restringidas por las nuevas regulaciones.
En medio de este panorama, se ha presentado una petición que ha recogido más de 400,000 firmas para revocar la OSA. A pesar de estas preocupaciones y la creciente oposición, el gobierno ha afirmado que no tiene planes de repealar la ley, indicando que trabaja para implementarla de forma eficaz.
La implementación de estas políticas no solo afectará a los jóvenes y a su acceso a la información, sino también a millones de personas que carecen de identificación oficial o acceso a dispositivos personales, excluyendo así a un gran sector de la población, especialmente a aquellos en situaciones de vulnerabilidad económica.
El camino hacia un entorno en línea más seguro y accesible debe ser uno en el que se priorice la privacidad y la libertad de expresión, en lugar de adoptar medidas que potencialmente causen más daño del que buscan prevenir. La sociedad necesita un enfoque más integral y menos invasivo para proteger a los menores en el entorno digital.
Fuente: EFF.org