Recientemente, la rama de cumplimiento de la ley del Servicio Postal de EE. UU. (USPS) se unió a un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que tiene como objetivo localizar y deportar inmigrantes. Según un informe, las autoridades de inmigración están solicitando dos conjuntos de datos del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS). Primero, desean acceso a los sistemas de vigilancia del USPS, que incluyen datos de cuentas en línea, información sobre el seguimiento de paquetes y correo, datos de tarjetas de crédito, información financiera y direcciones IP. En segundo lugar, quieren obtener «coberturas de correo», es decir, fotografías de los exteriores de sobres y paquetes.
Ambas propuestas plantean serias preocupaciones. El correo en EE. UU. es un sistema vital de comunicación y comercio, establecido constitucionalmente, que no debería ser utilizado para vigilancia masiva. Los inmigrantes poseen un derecho humano a la privacidad de sus datos, y los nuevos sistemas de vigilancia podrían extenderse eventualmente a todas las personas en el país.
El USPS maneja un volumen considerable de correspondencia diariamente, lo que implica la recopilación de datos personales de los usuarios, incluyendo nombres, direcciones y números de teléfono. Según la política de privacidad del USPS, la agencia claramente señala que recopila información personal para prestar sus servicios. Sin embargo, las críticas surgen al considerar que esta información no debería ser utilizada fuera del propósito original para el que fue recopilada. Esto es lo que se conoce como «minimización de datos», un concepto que debería guiar la recolección y el uso de la información.
El USPS está sujeto a la Ley de Privacidad de 1974, que establece limitaciones estrictas sobre cómo las agencias pueden divulgar registros personales. Aunque esta ley aplica principalmente a ciudadanos y residentes permanentes, afecta indirectamente a aquellos que envían o reciben correo de inmigrantes. El uso de datos del USPS para la vigilancia de inmigrantes podría contradecir las disposiciones de esta ley.
Entre 2015 y 2023, el USPS aprobó el 97% de más de 60,000 solicitudes de «cobertura de correo» de diversas agencias de la ley, resultando en la grabación de más de 312,000 cartas y paquetes. Un grupo bipartidista de senadores también ha expresado su alarma sobre este programa de vigilancia masiva, subrayando que aunque las coberturas de correo no revelan el contenido, sí pueden proporcionar información personal sobre las inclinaciones políticas o creencias religiosas de los estadounidenses.
La activación de sistemas de vigilancia masiva en las agencias postales podría crear un precendente peligroso, particularmente en un contexto de creciente vigilancia estatal. Los críticos argumentan que si estas propuestas avanzan, es probable que eventualmente se amplíen para afectar a otros grupos de la sociedad, como manifestantes o personas que buscan atención médica relacionada con la salud reproductiva o de género.
Este dilema actual subraya la urgencia de regular y restringir los programas de vigilancia del USPS antes de que se conviertan en normativas amplias que violen la privacidad y los derechos de diversos sectores de la población.
Fuente: EFF.org
