La transparencia en el gobierno es un derecho fundamental de los ciudadanos, pero en Estados Unidos este principio enfrenta constantes amenazas, independientemente de la orientación política de los gobernantes. En Maryland, donde los demócratas tienen el control legislativo, se está impulsando un proyecto de ley que permitiría a las agencias gubernamentales rechazar solicitudes de acceso a registros públicos que consideren «hostigadoras». Al mismo tiempo, la administración del presidente Donald Trump ha llevado sus esfuerzos de reforma gubernamental más agresivos, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), fuera del alcance de la Ley de Libertad de Información, además de comenzar la eliminación masiva de conjuntos de datos públicos.
Ante esta situación, una de las herramientas más poderosas para enfrentar la mala gestión gubernamental es la ridiculización pública. Por ello, cada año durante la Semana de la Luz Solar ( del 16 al 22 de marzo), la Electronic Frontier Foundation, MuckRock y AAN Publishers se unen para publicar «The Foilies», un informe anual que, desde hace una década, expone y critica las respuestas más absurdas, repugnantes e incompetentes a las solicitudes de registros públicos bajo la FOIA y las leyes estatales de transparencia.
En ocasiones, los defensores de la transparencia logran victorias. Por ejemplo, el año pasado se destacó al Departamento de Policía de Los Ángeles por utilizar los tribunales para retaliar contra defensores de derechos y un periodista que había conseguido y publicado fotografías oficiales de agentes de policía. El final feliz, al menos en términos de transparencia, llegó cuando el LAPD perdió el caso y la ciudad tuvo que pagar 300,000 dólares a los defensores para cubrir sus gastos legales.
Este año, la lista de «ganadores» recibió una nueva serie de ejemplos de lo que no se debe hacer en términos de transparencia gubernamental. Uno de los casos más notorios fue el del Distrito Escolar de Rapides Parish, que intentó cobrar 2 millones de dólares por procesar una solicitud de información básica sobre la coordinación con un grupo religioso. La situación se hizo pública y, después de negociaciones, el distrito finalmente decidió renunciar a los cargos y proporcionó solo nueve páginas de información relevante.
Entre otros casos destacados se encuentra el intento de la Policía Estatal de Massachusetts de cobrar 176,431 dólares por revisar documentos sobre reclutas que abandonaron el programa de entrenamiento estatal, así como el requerimiento del fiscal de distrito de Jefferson Parish de más de 5,000 dólares a un padre en duelo por registros relacionados con la sospechosa muerte de su hijo.
También se presentó el caso de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde un periodista tuvo que lidiar con una serie de negativas para obtener un contrato entre la universidad y una firma consultora de deportes, lo que llevó a una confusión legal sobre la titularidad del documento solicitado.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) se ganó el «Fudged Up Beyond All Recognition Award» por redactar un mensaje que incluía una receta de fudge compartida por Mike Pompeo durante una fiesta navideña, alegando que la receta era información protegida.
Además, el gobierno de Virginia recibió críticas por denegar solicitudes de registros de comunicaciones internas sobre un programa educativo para sobrevivientes militares, utilizando una amplia interpretación de una excepción a la FOIA.
Los tribunales también se llevaron su ración de críticas, especialmente en California y Nevada, donde los jueces tomaron decisiones cuestionables que limitaban el acceso público a las audiencias relacionadas con demandas de registros públicos.
Por último, la NSA enfrentó el «No Tech Support Award» por su incapacidad para localizar una grabación de una conferencia histórica debido a problemas técnicos con la tecnología obsoleta, a pesar de ser una de las principales agencias de inteligencia del país.
Estas situaciones ponen de manifiesto no solo la lucha por la transparencia en el gobierno, sino también la necesidad de que los ciudadanos y los medios sigan abogando por un acceso efectivo a la información pública.
Fuente: EFF.org
