Un tribunal de Georgia ha decidido que la Atlanta Police Foundation (APF), una organización no lucrativa privada, debe cumplir con las solicitudes de acceso a documentos públicos bajo la Ley de Registros Abiertos del estado. Esta decisión representa un avance significativo en la lucha por la transparencia gubernamental, especialmente en el contexto de la relación entre la APF y el Departamento de Policía de Atlanta.
El litigio se inició el año pasado por el Atlanta Community Press Collective (ACPC) y Lucy Parsons Labs (LPL), un miembro de la Alianza para la Frontera Electrónica. La demanda se centró en la negativa de la APF a revelar información sobre su papel como arrendataria y gestora del conocido como Cop City, el Centro de Entrenamiento en Seguridad Pública de Atlanta, un tema que ha generado controversia entre los movimientos sociales y medioambientales locales.
Se ha documentado cómo la APF y otras entidades similares apoyan la financiación de tecnología de vigilancia policial, lo que ha despertado preocupaciones sobre la falta de supervisión pública. La fundación no solo administra el Centro de Entrenamiento, sino que también opera el Loudermilk Video Integration Center, recursos que facilitan la evasión de la supervisión pública sobre las actividades policiales.
La victoria para el ACPC y la LPL llega en un momento oportuno, dado que el año pasado, la Corte Suprema de Georgia dictaminó que los contratistas privados que trabajan para entidades públicas están sujetos a las leyes de registros abiertos. Sin embargo, posteriormente, la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que dificulta la presentación de solicitudes de documentos públicos contra estas entidades.
Los abogados Joy Ramsingh, Luke Andrews y Samantha Hamilton representaron a los demandantes en este caso, que ya había visto la liberación de algunos documentos el pasado diciembre. A pesar de que la APF cuenta con la opción de apelar la decisión, si no lo hace, deberá comenzar a cumplir con las solicitudes de registros a principios de julio.
Esta resolución ofrece la esperanza de un mayor nivel de transparencia y responsabilidad en la forma en que las agencias gubernamentales contratan a entidades privadas para llevar a cabo funciones públicas, permitiendo así que periodistas y activistas locales accedan a materiales que deberían ser accesibles al público.
Fuente: EFF.org
